El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos incluye la creación de un impuesto para las grandes fortunas y otro sobre el uso de recursos naturales, unas figuras impositivas que terminarán de concretarse tras el informe de una comisión de expertos. El objetivo es que ambos contribuyan directamente al equilibrio presupuestario.

Los siete apartados en que se organiza el pacto abarcan todos los aspectos de la vida del país, aunque dedica una especial atención a la economía. Desde mejoras para los trabajadores autónomos, que cotizarán a la Seguridad Social en función de sus ingresos netos, a la revisión del IRPF para asegurar su progresividad.

Las indemnizaciones

También detalla algunas medidas en torno a las relaciones laborales. Ambos partidos han acordado derogar la reforma laboral que hizo el Gobierno del PP, pero las indemnizaciones nunca volverán a ser de 45 días de sueldo por año de antigüedad.

El pacto prevé que la indemnización de 20 días sólo sea aplicable en el primer año, para ir subiendo a 25 el segundo y poco a poco hasta a los 33 días. También contempla la creación de un fondo del estilo al que funciona desde hace años en Austria y que garantiza el pago mínimo de ocho días de sueldo por año en caso de despido individual o colectivo y que, cuando no ha sido utilizado, se incorpora a la pensión del trabajador.

Negociación colectiva

Los convenios colectivos de empresa dejarán de estar por encima de los de ámbito superior, como introdujo la reforma laboral. Es una forma de dar más protagonismo a la negociación colectiva y, por ende, a los sindicatos.

El Pacto de Toledo va a estudiar un sistema para que las pensiones pasen a ser financiadas por los impuestos, independizándolas así de las cotizaciones a la Seguridad Social. En cualquier caso, los ingresos del jubilado se acercarán más a las aportaciones reales del trabajador.

Sucesiones y donaciones

El pacto de gobierno también se refiere a la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones y el del patrimonio en todo el territorio español implantando unas bases y tipos mínimos. El objetivo es reducir las grandes diferencias que existen en la actualidad.

Ambos partidos se comprometen en la estabilidad presupuestaria, pero aseguran que para ello no harán recortes sociales y sitúan el objetivo del 3% de déficit en 2017.

Además de establecer nuevas condiciones para la financiación de los partidos, sobre todo en materia de trasparencia y democracia interna, socialistas y ciudadanos amplían a cinco años el plazo de incompatibilidad de los altos cargos para incorporarse a un trabajo en el sector privado en el que no tuvieran experiencia previa a su paso por la Administración. Una forma de limitar y frenar las puertas giratorias.