El proyecto secesionista del nuevo Gobierno catalán no arranca. La Mesa del Parlamento catalán ha dejado hoy en suspenso la petición de Junts pel Sí y la CUP de crear ponencias conjuntas para la redacción de la proposición de ley integral de protección social catalana, de la proposición de ley de régimen jurídico catalán, y de la proposición de ley de la administración tributaria catalana.
Según la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015, estas tres leyes debían comenzarse a tramitar antes de un mes. El Ejecutivo de Carles Puigdemont se ha dado un plazo de 18 meses para culminar la desonexión de España. El tiempo corre y las estructuras de estado no acaban de materializarse.
Informe de los letrados
La suspensión tiene lugar después de que los letrados de la Cámara catalana desaconsejaran ese sistema conjunto e instaran a tramitar esa legislación a través de una proposición de ley, una comisión de estudio o un grupo de trabajo.
Asimismo, la Mesa ha encargado a los servicios jurídicos de la cámara la elaboración y presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de las alegaciones en defensa de la creación y constitución de la comisión de estudio del proceso constituyente.
El Parlament recibió el jueves pasado la notificación del TC para que pueda presentar las alegaciones mencionadas en el plazo de diez días hábiles y en relación con el incidente de ejecución de la sentencia que anuló la resolución de declaración de soberanía del 9 de noviembre, promovido por el Gobierno español.