Los servicios jurídicos del Parlamento catalán han elaborado un informe en el que aconsejan reformular la tramitación de las tres leyes de "desconexión" del Estado --Seguridad Social, Agencia Tributaria y Transitoriedad Jurídica-- que Junts pel Sí y la CUP querían desarrollar mediante ponencias conjuntas.
La pasada semana, los grupos de la oposición solicitaron un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, petición que fue admitida a trámite por la Mesa, de manera que la constitución de las tres ponencias de las leyes de "desconexión" se ha aplazado hasta que los letrados emitan su informe.
No vinculante
En su dictamen, que no es vinculante, los juristas avisan de que “si no se produce el consenso mínimo de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo de su mayoría, se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponència, porque ésta pierde el sentido por la que ha sido prevista (ser plataforma de trabajo conjunto de los grupos) y porque su creación puede generar como efecto adicional que los grupos parlamentarios que se han opuesto deban asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos”.
En este sentido, sugieren la vía de la proposición de ley, una comisión de estudio o un grupo de trabajo.