El Ejecutivo del convergente Carles Puigdemont está llevando a cabo algunas medidas que firmaría cualquier gobierno de izquierdas. Incluso cualquier gobierno a la izquierda de los socialistas, de hecho. Algo que ya se inició en la anterior legislatura, y que contrasta con los aires neoliberales que imperaban en Convergència hasta hace relativamente muy poco. Y que se explica no tanto por un genuino cambio de opiniones en el partido, sino por sus aliados circunstanciales, que les permiten mantener vivo el procés –y mantenerse en el Govern–.

Este martes, el Govern ha anunciado que implementará de forma inmediata el cobro del impuesto a los pisos vacíos. Un impuesto que se aprobó en julio del año pasado –con ERC como aliada externa de Convergència en el ejecutivo–, que apunta directamente al stock de inmuebles de los bancos, y que no hubiera desentonado en absoluto como medida de un hipotético gobierno en la órbita podemita.

De hecho, poco después la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigió la cesión de 400 pisos vacíos de los bancos en la capital catalana. Y lo hizo amparándose legalmente en otra ley convergente que hubiera podido firmar ella misma: la de medidas urgentes para la emergencia en vivienda y pobreza energética, aprobada sólo nueve días después que la que graba los pisos vacíos de los bancos. Y que el Ejecutivo de Puigdemonet también se propone empezar a desplegar ahora.

Marcha atrás en BCN World

También este martes, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha tenido que dar explicaciones sobre BCN World, pocos días después de que Puigdemont lanzara la idea de someter a consulta ciudadana el futuro de este proyecto de ocio y juego en Tarragona. Un proyecto impulsado directísimamente desde la Generalitat en tiempos de Mas. Y que ahora su sucesor admite revisar.

La presión contra BCN World viene en parte de la CUP, que pactó apoyar la investidura de Puigdemont a cambio de notorias cesiones en materia social. Pero no hay que olvidar que ERC sólo admite a regañadientes el proyecto –una de las dos únicas ocasiones en las que se desmarcó en el Parlament de CiU en la anterior legislatura fue con BCN World–, y que algunos de los integrantes minoritarios de Junts pel Sí, la coalición de CDC y ERC para las últimas autonómicas, también lo rechazan.

Salud: el Govern recorta ahora en hospitales privados

La otra gran medida reciente ajena al ADN convergente aun es más chocante. El consejero de Salud, Toni Comín –ex socialista crítico, ahora en la órbita de ERC–, se ha estrenado en el cargo anunciando que excluye del sistema público a dos de los tres hospitales privados con los que operaba la Generalitat. Una decisión inevitable, puesto que así lo marca de forma muy clara el acuerdo de JxSí con la CUP. Pero que llama la atención, teniendo en cuenta que el anterior –y reciente– ejecutivo de Mas fue acusado repetidamente de recortar en la sanidad pública para favorecer a la privada.

Que estas actuaciones las implementa CDC contra su voluntad lo demuestra que, en ámbitos en los que sus aliados no plantean exigencias concretas, el Govern sigue en la línea tradicional convergente. Como en lo que respecta a los conciertos educativos y las subvenciones a los colegios de élite, en que no han dudado en aliarse incluso con el PP.