Generalitat y BCN premiarán a los 'okupas'

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona prevén premiar a quien okupe ilegalmente un piso público en la ciudad. El Consorcio de Vivienda de Barcelona, en el que participan ambas administraciones, ha elaborado un nuevo reglamento que contempla regularizar a los ocupantes que lleven al menos un año en uno de estos pisos, y premiarlos con el alquiler de la vivienda que han estado okupando.

Así lo expone la disposición transitoria segunda de la propuesta de 'Reglamento para la adjudicación de viviendas por emergencia social por pérdida de vivienda de Barcelona', que está en exposición pública, y que debe sustituir a la normativa aprobada en julio de 2014, que no hacía referencia alguna a la okupación.

Periodo transitorio de un año

El texto prevé un periodo de un año en que el Ayuntamiento debe llevar a cabo la "regularización contractual" de los pisos ocupados del parque público de vivienda de la ciudad. Si los 'okupas' reúnen las condiciones para solicitar un piso de alquiler social por pérdida de vivienda, les será otorgado el que ya ocupan si llevan más de dos años en él, o si llevan más de un año y pueden acreditar "enraizamiento en el barrio". En ambos casos, se requerirá un informe favorable del propio consorcio.

En caso de regularización, los okupas pasarían a pagar el mismo alquiler social que el resto de solicitantes: un máximo del 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia, incluyendo los suministros básicos.

El PP y C's, contra Colau

El PP de la ciudad ha cargado muy duramente contra este proyecto, del que ha responsabilizado en exclusiva a la alcaldesa Ada Colau y a su equipo de gobierno. El líder 'popular' en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, cree que la regularización "puede provocar un efecto llamada". "Patada y palancazo a la puerta cometiendo un delito, con la tranquilidad de que no pasará nada, porque el ayuntamiento ya se encargará de regular tu situación", expresó este jueves.

El portavoz del grupo de Ciudadanos, Paco Sierra, por su parte, ha alertado ha igualmente sobre un posible "efecto llamada si se regulariza la ocupación de pisos vacíos". "Consentir una práctica ilegal no es la solución para resolver las necesidades de personas en situación de exclusión", señaló, a la vez que pedía para Barcelona un parque de vivienda pública "a la altura de las grandes ciudades europeas".

El Consorcio de Vivienda de Barcelona está presidido por el consejero de Territorio y Sostenibilidad –ahora, el convergente Josep Rull–, con un vicepresidente propuesto por el Ayuntamiento. La Generalitat designa a seis miembros de su junta, y el consistorio, a los cuatro restantes.