El Gobierno de Carles Puigdemont ha dado luz verde a la tramitación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, esta vez contra el decreto del Estado que regula la evaluación en la educación primaria. Se da la circunstancia de que Junts pel Sí, la coalición que da apoyo a Puigdemont, firmó con la CUP un acuerdo de ruptura por el que ambas partes se comprometen a no acatar las resoluciones de este Alto Tribunal.
Es más, los antisistema aseguraron no reconocer esta institución, que consideran una “prolongación del consejo de ministros”, cuando el Gobierno español anunció que impugnaría la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat.
Requerimiento
El Ejecutivo de Puigdemont ha decidido hoy presentar un requerimiento de incomoetencia ante el Estado contra el real decreto que regula las pruebas de evaluación final de educación primaria establecidas en la ley de educación estatal. La Generalitat considera que el decreto vulnera competencias catalanas en materia de lengua propia. Se trata del paso previo antes de presentar un conflicto de incompetencia ante el Tribunal Constitucional.