Junts pel Sí (JpS) ha evitado inaugurar la nueva legislatura parlamentaria con un primer enfrentamiento con la CUP, la formación que se ha comprometido a dar estabilidad gubernamental al presidente Carles Puigdemont. Pero el coste va a ser muy alto.

Miembros de Convergència consultados por Crónica Global reconocen que ha sido un error votar a favor de la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios de la Generalitat. Los antisistema se habían sumado al resto de grupos parlamentarios –PSC, Ciudadanos, Catalunya Sí Que Es pot y PP—para aprobar esa medida en el primer Pleno del Parlamento catalán celebrado el pasado miércoles. En un principio, JpS tenía intención de votar en contra por entender que ese pago debía estar supeditado a la disponibilidad financiera. Pero, finalmente, aceptó transaccionar un texto en el que se contempla la devolución gradual durante tres años.

Pulso de los antisistema

El coste de esa devolución asciende a 400 millones de euros y, según recuerdan miembros del partido de Puigdemont, la situación financiera de las arcas de la Generalitat es muy precaria. “Es una barbaridad que en el primer pleno se aprueben esos pagos”, reconoce un alto dirigente de CDC. Se ha evitado una primera imagen de división con la CUP, precisa, pero está convencido de que habrá más situaciones en las que los antisistema echarán un pulso al Govern. Empezando por la votación de los presupuestos de 2016.

Por el contrario, en Esquerra se ha aplaudido ese acuerdo, que finalmente fue aprobado por unanimidad, porque entiende que los funcionarios fueron uno de los colectivos que más sufrieron la crisis.

Impacto económico

La votación se produjo, recuerdan algunos convergentes, un día después de que el Govern aprobara incrementar un 1% el sueldo del personal del sector público de la Generalitat para 2016, en la primera reunión ordinaria del nuevo Ejecutivo de Carles Puigdemont. El impacto económico de este incremento es de 110,2 millones, pero, dada la situación de prórroga presupuestaria, la Generalitat va a tener que hacer verdaderas filigranas para asumir esos costes, que se suman a los 400 millones que implica devolver la paga extra.

Es decir, un total de 510 millones, a la espera de que se aprueben las nuevas cuentas de 2016. Algo que los partidos de la oposición ven cada vez menos probable. Y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también, pues no descarta prorrogarlos indefinidamente. El máximo responsable de finanzas del Gobierno catalán tendrá que encomendarse al previsible aumento de los ingresos por recaudación y a las cantidades adeudadas por el Gobierno para cuadrar un agujero de 4.000 millones.