La hacienda catalana, o lo que es lo mismo, la independencia fiscal es una de las “estructuras de Estado” que el presidente Carles Puigdemont quiere crear de forma inminente. Sin embargo, los expertos advierten de que, sin una desconexión acordada con el Gobierno español, el ciudadano podría verse inmerso en un caos y recomiendan el consorcio Estado-Generalitat para aumentar el autogobierno fiscal.

Esaú Alarcón, profesor de Derecho Tributario, asegura que si la desconexión no se hace de forma pactada “puede producirse un caos". "Dudo mucho de que los ciudadanos, las entidades bancarias o los empresarios se arriesguen a pagar los impuestos a una agencia catalana y sufrir recargos”, dice. Recuerda que la creación de una hacienda propia vulneraría la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la ley de cesion de tributos.

Club europeo

Advierte de que todos los datos fiscales están en poder de la Administración central, por lo que “si se pierde la desconexión, es imposible hacer un seguimiento de los contribuyentes. El ordenador RITA es el segundo más potente del mundo. Además, España tiene acceso al intercambio de información de los países europeos. Si Cataluña sale de la UE, no formará parte de ese club”.

El experto explica que para que Cataluña lograra la independencia fiscal, “debería multiplicar por diez como mínimo su plantilla de inspectores y personal tributario, que ahora asciende a 300”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, considera que la única forma de aumentar el autogobierno fiscal de Cataluña es a través de un consorcio, una idea que contemplaba el Estatuto de Cataluña, pero que se descartó.

Coincide con Alarcón en que las entidades bancarias difícilmente se van a prestar a esa insumisión fiscal e ingresar los pagos por IVA, IRPF o impuesto de sociedades en un lugar diferente al Tesoro Público. “Y si son declaraciones a devolver, ¿de dónde saldrá el dinero, de la comunidad catalana? Porque las retenciones se quedan en el tesoro estatal”, se pregunta.

Augura una “actitud defensiva” del Estado y también avisa de que la desconexión impediría a Cataluña “saber si sus contribuyentes tienen bienes y rentas fuera de su territorio”. También ve un problema de plantilla, pues “actualmente, la mayor parte de la plantilla se compone de funcionarios del Estado. Muchos de ellos se irían si Cataluña se independiza”.