Colau investiga irregularidades en la gestión de CiU en el Instituto Municipal de Informática 

El Ayuntamiento de Barcelona examinará la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) durante el mandato de CiU tras tener constancia de la existencia de facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros. Esos importes, al parecer, no tienen reflejo presupuestario.

Esta auditoría se une a la ya encargada sobre las cuentas de Barcelona Regional. Se da la circunstancia de que ambas empresas dependían del exconcejal de CiU Antoni Vives, que abandonó sus cargos en el consistorio el pasado mes de octubre.

"Caza de brujas"

El grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha defendido su gestión y ha avisado de que no tolerará una "caza de brujas" ni propagación malintencionada de “rumores, datos incompletos o manipulados”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto en el que encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del ayuntamiento analizar la gestión económica del IMI durante los años 2014 y 2015.

El objetivo es “determinar y exigir, en su caso, responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos legalmente".

Transparencia

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Javier Mulleras, ha pedido “máxima transparencia” en este asunto y ha recordado que “hace tres semanas, en el último pleno municipal, se aprobó el pago de facturas fuera de plazo del IMI por un importe de 300.000 euros, una medida que propuso y aprobó el equipo municipal de Ada Colau, y que no contó con la aprobación del Grupo Popular”.

Ha afirmado que “sorprende que si Colau era conocedora de estas irregularidades, no diera las explicaciones correspondientes cuando el Grupo Popular las pidió en el pasado Pleno del 29 de diciembre”.