Los letrados del Parlament avisan de que no se puede aplicar el acuerdo de ruptura

Las trabas legales van complicar mucho el proceso secesionista de esta legislatura. Así lo advierten en un informe los servicios jurídicos del Parlamento catalán donde, gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP, fue aprobada el pasado 9 de noviembre una resolución de ruptura. Avisa que este documento difícilmente podrá prosperar, pues el Tribunal Constitucional los suspendió, por lo que el Estado puede activar todo su engranaje jurídico para impedir que se aplique.

El informe fue solicitado por el grupo parlamentario Catalunya Si Que Es Pot, con la finalidad de conocer el alcance jurídico de una resolución parlamentaria cuyos impulsores definieron como una "declaración de principios". Su autor es el letrado mayor Antoni Bayona, quien pone el acento en las tres leyes que, según el texto aprobado, debían aprobarse de forma: la del proceso constituyente, la de hacienda catalana y la de seguridad social

Entiende que “ante cualquier actuación futura del Parlament relacionada con la resolución” el Estado podría “promover un incidente de ejecución y pedir la nulidad de una decisión parlamentaria" porque que contradice la sentencia del Alto Tribunal. Tras reafirmar la potestad legislativa que tiene la Cámara autonómica, los asesores jurídicos recuerdan que el Gobierno español siempre puede utilizar la vía del recurso de inconstitucionalidad para suspender esas leyes de carácter secesionista.