Entre las muchas ofertas que Junts pel Sí ha presentado este martes formalmente a la CUP para llegar a un acuerdo sobre la investidura, la lista de CDC y ERC se compromete a aplicar una moratoria –durante todo el periodo de "transición nacional", que prevén de 18 meses– a la venta de edificios de la Generalitat. Pero este punto es básicamente una concesión retórica. Y es que la administración autonómica ya se ha deshecho en esta legislatura de casi todos sus grandes activos inmobiliarios. Y encuentra grandes dificultades para vender los pocos que conserva.
Al principio de la primera legislatura de Mas, la Generalitat inició un plan para vender edificios de su propiedad, con la idea de obtener liquidez, en unos momentos de graves apuros de tesorería. Desde entonces y hasta mediados de 2104 se deshizo de 34 inmuebles, todos ellos en la ciudad de Barcelona, por un valor total de 532 millones –aunque los ingresos fueron sensiblemente menores, al tener que cancelar anticipadamente los censos enfitéuticos de los edificios vendidos–. Pero desde entonces, las ventas se han paralizado. Entre otras cosas, porque poco queda por vender.
Sólo tres grandes inmuebles por vender
Tras estas ventas, a la Generalitat sólo le quedaron tres grandes inmuebles por colocar: el edificio de la Bolsa de Barcelona, en pleno Passeig de Gràcia, y las dos sedes del departamento de Empresa y Empleo, una en el mismo paseo, aneja al Palau Robert, y la otra, en la calle Sepúlveda. Dos sedes que la Generalitat no consigue vender.
Durante el pasado mes de junio, el Govern anunció la venta directa de ambos inmuebles a la desconocida sociedad Nadlan BCN, por un total de 63,5 millones de euros. Menos de cuatro meses después, el pasado mes de noviembre, tuvo que dar marcha atrás a la operación, después de que Nadlan no pudiera hacer frente al calendario de pagos.
Apenas dos alienaciones en 2015
Sin contar esta tentativa fallida, la actividad vendedora de la Generalitat ha sido mínima este año. Sólo ha formalizado dos alienaciones inmobiliarias de relativamente poco valor. Una, de una parcela para viviendas en Can Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc, por valor de 3,8 millones; y otra, por sólo 58.500 euros, de un terreno en el municipio leridano de Almatret, que adquirió el propio ayuntamiento.
Aparte, durante 2015 se alienó también el 25% de cuota indivisa de la Generalitat en unos terrenos en la zona de la futura estación del AVE de La Sagrera. Pero con la particularidad que se entregó en dación en pago al Ayuntamiento de Barcelona, como parte de un acuerdo para reducir la deuda de la administración autonómica con la ciudad.