La Diputación de Barcelona ha enviado un correo electrónico a sus trabajadores en el que informa de la decisión, aprobada en el Pleno de la Corporación, de que los pagos del IVA y del IRPF a la Agencia Tributaria española se hagan a través de la Agencia Tributaria Catalana. La notificación, a la que ha tenido acceso Crónica Global, ha provocado una gran inquietud entre los empleados –más de 5.000, incluyendo los entes autónomos—pues temen que, en este pulso separatista de las administraciones, el pago de sus impuestos no quede registrado, lo que tendría consecuencias sancionadoras para ellos.

El citado correo fue enviado a los trabajadores desde el Área de Presidencia el pasado día 11 y en el mismo se informa de la aprobación por mayoría absoluta de una moción presentada por CUP-Poble Actiu sobre “Pago de tributos a la Agencia Tributaria de Cataluña”. El mensaje añade que “en cumplimiento del acuerdo os damos traslado de un certificado de la Secretaría General en relación con dicha moción”.

Responsabilidades legales y fiscales

Los trabajadores de la Diputación temen que ese pago a la hacienda catalana –una de las estructuras de Estado que planifica el Gobierno independentista de Artur Mas-- tenga “implicaciones y responsabilidades legales y fiscales de carácter personal respecto a la hacienda pública”, según advierte la agrupación de UGT en la Diputación barcelonesa. Este sindicato ha pedido al servicio de Recursos Humanos del ente supramunicipal información sobre la seguridad jurídica que tienen los trabajadores ante este acuerdo. La Diputación, presidida por CiU, ha lanzado un mensaje de calma a sus empleados, asegurando que esa independencia fiscal se encuentra todavía en fase embrionaria.

Moción de la CUP

Esta instrucción es consecuencia de la aprobación de una moción presentada por CUP-Poble Actiu y apoyada por CiU, ERC, Acord Municipal y Entesa en el Pleno de la Diputación celebrado el 26 de noviembre. PP, PSC y Ciudadanos votaron en contra. En esa sesión se acordó que los pagos del IVA y del IRPF se realizaran a través de la Agencia Tributaria Catalana, y que esta medida fuera comunicada a los trabajadores de la Diputación de Barcelona y sus entes autónomos. También debían ser informados la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia Tributaria Española, la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios, la Asociación de Municipios por la Independencia, el departamento de Economía de la Generalitat, todos los consejos comarcales de la provincia y los 311 municipios de la demarcación de Barcelona. Las diputaciones de Tarragona, Girona y Lleida aprobaron mociones similares.

 “Rehenes del separatismo”

El portavoz del PP en la Diputación, Ramón Riera, ha exigido a la Diputación “garantías de que no actuará sin la autorización y el consentimiento por escrito de cada uno de los empleados a los que se les aplique el acuerdo” y califica de “aberración” que la Agencia Catalana “tome como rehenes del separatismo a sus propios empleados”.