Sea cual fuere el nuevo Ejecutivo surgido de las urnas, los polémicos 'vientres de alquiler' o gestación subrogada (como prefieren denominarla los defensores), tienen asegurado su salto a la legalidad en la próxima legislatura. El partido que lidera Mariano Rajoy ha dado su bendición a esta polémica práctica que, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2014 hizo padres a 1.400 parejas españolas, frente a los 1.118 niños que fueron adoptados en el extranjero.

El PP se ha sumado con sus matices a una técnica, vetada por la ley estrella de reproducción asistida del Gobierno de Zapatero en el 2006, junto con la elección de sexo o donaciones de óvulos con compensación económica. Pero hoy cuenta, siempre con sus matices, con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos y su pariente UPyD. Los dos últimos lo llevan expresamente en su programa.

El controvertido método, con un debate encendido entre si es negocio o humanismo, consiste generalmente en una relación comercial en la que una pareja (homosexual más que heterosexual) o un individuo concreto 'alquila' el útero de una mujer --llamada gestante-- para que lleve a cabo, precisamente, la gestación de un bebé mediante una muestra de semen y un óvulo donado (nunca de la propia gestante).

Peperos sin prejuicios

El espaldarazo 'popular' ha venido de la mano de dos jóvenes figuras emergentes en Génova: Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y programas del PP, y Javier Maroto, vicesecretario del País Vasco. ¿Gestación subrogada regulada? "Sí, pero tenemos que estudiar cómo", contestó rotunda la dirigente popular catalana en un programa de La Sexta junto con otros cinco portavoces. Como un "nuevo paso al frente" lo alabó a través de su cuenta de Twiter, Maroto, un militante con peso tan creciente en el partido como para reunir en su boda gay, celebrada en Vitoria, a toda la cúpula, incluido el propio Rajoy.

Algunos "peperos sin prejuicios", como se denominan en las redes sociales, perciben con agrado esta postura, después de que el partido ha dado su aprobación tácita a las bodas entre personas del mismo sexo. No obstante, el sector más conservador lo ha visto con indignación. A su juicio, supone un giro ideológico que atenta contra los principios que defiende la formación y ni estaba incluida en el programa electoral ni ha sido convenientemente debatida.

Frente inédito y curioso

El caso es que sólo IU, a través de su máximo responsable, Alberto Garzón, se ha pronunciado en contra de la medida. Este partido, en inusual e inédita coincidencia con la Conferencia Episcopal Española, siempre ha abogado por mantener la prohibición de la maternidad subrogada por considerar que convierte el cuerpo de la mujer en una mercancía y, por tanto, es una forma de prostitución.

La curiosa coincidencia en planteamientos lleva también a hacer extraños compañeros de cama al feminismo radical y a la religión católica. Colectivos de izquierda y aconfesionales, con destacadas filósofas como Amelia Valcárcel y Victoria Camps, y constitucionalistas como María Luisa Balaguer o Mar Esquembre, se oponen a una legislación permisiva. Rebaten que se trate de un acto altruista y solidario, y creen que debe entenderse como un mercantilismo de la mujer, contrario a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres que favorece la desigualdad estructural.

"No somos vasijas. Las mujeres --aseguran las opositoras en un duro manifiesto-- no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial, no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores". Incluso aseguran que este es un "evidente ejemplo de violencia obstétrica extrema".

Situación paradójica

En España se produce un hecho insólito y paradójico que los nuevos gobernantes deberán desatascar. La gestación por vientres de alquiler está prohibida y el Código Civil español asigna la filiación de bebés a la madre que les da a luz. Pero se han vuelto a poner en marcha las inscripciones en los registros civiles, que estaban paralizadas hasta julio, para los niños nacidos en el extranjero. Se permite su registro en nuestro país siempre y cuando se presente una resolución judicial del país de origen que garantice la legalidad del proceso.

Esta alegalidad, la complicada burocracia y el dinero que se mueve, ha hecho crecer como hongos en otoño las empresas que se dedican a buscar mujeres que cedan su vientre a otra familia, en los escasos países en que la gestación por sustitución es legal y se permite una compensación económica: India, Rusia, Ucrania y algunos estados de México y EEUU.