Colau reducirá la separación mínima entre terrazas

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes que reducirá la distancia mínima entre terrazas que contemplaba la polémica normativa aprobada por el equipo de gobierno anterior, del convergente Xavier Trias. También ha anunciado una nueva moratoria de dos años para parte del reglamento que debía entrar en vigor el 1 de enero. Pero el sector hostelero considera insuficientes los cambios, y reclama que se suspenda también la aplicación del régimen de distancias.

El consistorio ha anunciado que el próximo martes llevará a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Mobilidad una nueva moratoria de dos años, hasta el 1 de enero de 2018, de parte de la normativa. Concretamente, la que regula las condiciones de ubicación de las terrazas ante la fachada de los locales, las condiciones de accesibilidad de estos y el número de sanitarios.

Se reduce 30 cm la distancia mínima

Además, el ayuntamiento ha anunciado que tiene "a punto" cambios en el régimen de distancias. Entre los cuales el más importante es una reducción de la separación mínima obligatoria entre las terrazas de locales diferentes, que pasará de los 1,80 metros que contempla el redactado actual de la normativa a 1,50 metros.

Pese a esta reducción, y pese a la moratoria parcial, el sector hostelero no se da por satisfecho. En un comunicado, reclama al ayuntamiento que la nueva moratoria afecte también a la aplicación del régimen de distancias. Y recuerdan que la reducción de las distancias mínimas --que consideran insuficiente--, se aprobó en la comisión técnica "sin consenso", y con el voto en contra del sector.

Una norma de Trias que le explota a Colau

La normativa de las terrazas la aprobó Trias --con el apoyo del PP-- a finales de 2013. Pero con una moratoria de un año para su entrada en vigor. Además, Trias nunca llegó a aplicar con rigor la normativa hasta el final de su mandato.

Hasta mayo de este año --el mes de las elecciones municipales-- no informó a los más de 2.200 restauradores afectados de la obligación de adaptar sus terrazas a los cambios normativos. Por lo que el conflicto le explotó al equipo de gobierno de Ada Colau, desde el primer momento de su entrada en el ayuntamiento.