Los ayuntamientos no pueden ser sometidos a auditorías externas. El motivo: una ley aprobada el pasado verano que prohíbe esa fiscalización, a pesar de que el PP prometió hace cuatro años incluir a los entes locales en ese tipo de fiscalización.
Por este motivo, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña ha dirigido una carta a todas las fuerzas políticas catalanas que se presentan en estas elecciones generales para que se comprometan a garantizar que esas entidades públicas serán auditadas de forma “periódica y efectiva”. Actualmente, esa función es realizada por personal municipal. Solo el Ayuntamiento de Barcelona ha sido sometido a esa auditoría externa con motivo de los Juegos Olímpicos, pues supuso un requisito para acceder a financiación europea, según explican fuentes de esta organización profesional.
Corrupción y transparencia
Con la corrupción como tema más candente de esta campaña y la transparencia como promesa común de todos los partidos, se da la circunstancia de que el programa de los populares de 2011 incluía el compromiso de hacer extensivas las auditorías a los ayuntamientos. Pero antes del verano, el Gobierno español aprobó la Ley de Auditoría de Cuentas sin incluir esa promesa. Según el presidente de los auditores catalanes, Daniel Faura, justifica el envío de la carta a las formaciones políticas en “el incremento del número de municipios que presentan sus cuentas anuales fuera del plazo legal, así como en el hecho de que ningún ente local no son objeto de auditoría externa ni de fiscalización periódica completa por parte de los órganos de control competentes”.