La Fiscalía ha pedido más datos sobre el censo utilizado en la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, con la finalidad de aclarar si la Generalitat usó ficheros públicos con datos personales. El ministerio público ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nuevas pruebas para indagar en el proceso seguido por el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) en la organización de esa votación, suspendida por el Tribunal Constitucional.
En concreto, quiere saber si el Gobierno catalán mantuvo un control estricto "en todo momento" de esos datos. Las diligencias pedidas por el fiscal se producen una vez ha recibido el informe con documentación de las empresas contratadas por la Generalitat para realizar servicios informáticos, pues sospecha que CTTI les encargó "instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación".
Por este caso están inculpados por desobediencia el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau.