Los partidos catalanes con representación parlamentaria, con la excepción del PP catalán, y 24 entidades y colegios profesionales han firmado este miércoles en el Parlament el Pacto Social contra la Corrupción. Un documento por el cual se comprometen a asumir un decálogo de medidas anti corrupción, tanto dentro de los propios partidos como promoviendo medidas legislativas.

El documento ha sido promovido por la plataforma El País que Volem, ligada en cierta forma al proyecto independentista –la ANC forma parte de su dirección, y su creación se interpretó como una iniciativa para "imaginar" una Cataluña independiente–. El decálogo anticorrupción, no obstante, no hace referencia alguna al procés, y lo han firmado partidos que se oponen claramente a la secesión, como el PSC y Ciutadans.

El decálogo propone, como primer punto, "acabar con la financiación opaca de los partidos", con medidas concretas como "reducir drásticamente" sus gastos electorales, y prohibir las donaciones de empresas y los créditos a los partidos.

Control de viajes y comidas

El texto pide también "total transparencia" en las administraciones públicas, y que estas publiquen en internet "un registro de libre consulta todos los ingresos y gastos", con "identificación de todos sus conceptos". Reclama igualmente publicar el patrimonio y los ingresos de los responsables electos y altos cargos, así como de "altos directivos" de empresas que contraten con la administración. Y propone publicar "la agenda" de los cargos públicos, incluyendo sus viajes y comidas de trabajo.

Los firmantes se comprometen igualmente a aumentar los recursos de la administración de justicia para la lucha contra la corrupción, y facilitar las denuncias "protegidas", especialmente por parte de los trabajadores públicos. Sugieren "evitar la partitocracia" en los órganos de control, y que a ellos no puedan pertenecer militantes de partidos.

Adiós a los billetes grandes

El documento también pide que las administraciones y sus altos cargos no puedan usar "dinero anónimo en efectivo", y va incluso más allá al proponer eliminar de la circulación los billetes de más de 50 euros.

También pide "fortalecer los sistemas de control ciudadano", crear un protocolo para "evitar las puertas giratorias", y favorecer las excedencias para dedicarse temporalmente a la política, de forma que esta no se profesionalice. Finalmente, el texto reclama aplicar el derecho administrativo a todos los contratos y organismos públicos, o publicar el "coste real" de los servicios públicos.

El texto no toca el siempre espinoso tema de qué deben hacer los partidos con sus dirigentes imputados. Individualmente, algunas formaciones se han comprometido a apartarlos de sus cargos una vez imputados, mientras otras prefieren esperar a que sean citados para el juicio oral.

Los firmantes

Han firmado el documento CDC, C's, ERC, PSC, la CUP, ICV, EUiA, Podem, Demòcrates de Catalunya, MES, Avancem y Socialisme, Catalunya i Llibertat. Es decir, todos los partidos con representantes en el Parlament, por separado y no agrupados en grupos parlamentarios. La excepciópn ha sido el PP, que ha considerado el acuerdo como una "escenificación".

También han rubricado el documento entidades como la ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, la Taula d'Entitats del Tercer Sector, la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPac), y diversas agrupaciones profesionales y políticas.