El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha revelado este viernes que su partido ha acordado grabar "el contenido de las negociaciones" que mantiene con Junts pel Sí (JxSí) y entregarlas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que las custodie.

En una entrevista en TV3, Salellas ha apuntado que esperan que con este material "más adelante la gente pueda valorar lo que se ha hecho allí dentro". Ha matizado que no hay desconfianza entre ellos sino un clima muy cordial, y ha apuntado que la decisión "tiene mucho más que ver con el alboroto y el ruido que se vive fuera de la mesa de negociación".

Para "neutralizar" a los críticos

Salellas ha sostenido que hay sectores políticos y mediáticos que no quieren que se llegue a un acuerdo para investir presidente y formar gobierno, y ha señalado al unionismo y a un sector de CDC "que da la impresión de que no tiene ningún interés en que este acuerdo llegue y quiere forzar las elecciones".

"Para cuando haga falta neutralizar todo esto, estamos utilizando esta metodología", ha dicho Salellas, que ha asegurado que la CUP quiere quede constancia de que con rigurosos y se toman en serio la negociación.

Preguntado por si en la asamblea del 27 de diciembre se debatirá la propuesta del ex diputado David Fernández --de ceder dos votos de la CUP para investir a Artur Mas--, ha dicho que "probablemente será una de las que se pondrá a votación". Y ha asegurado que las negociaciones ya se encuentran "en fase resolutiva".

Medidas que no son competencia de la Generalitat

Por otra parte, según ha avanzado el diario Ara, JxSí ha propuesto a la formación antisistema un plan de choque social con 20 medidas que abarcan todo tipo de ámbitos, como la pobreza infantil, la pobreza energética, la renta mínima de inserción, las listas de espera en sanidad, la dependencia, la educación, la vivienda, el cooperativismo, las energías renovables y la fiscalidad, entre otros.

Destacan algunas medidas que exceden de las competencias de la Generalitat, como el establecimiento de la dación en pago, la creación de una policía fiscal "en el marco de la Hacienda propia" y la fijación de un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales.

CDC se contradice

Otras propuestas sorprenden porque chocan frontalmente con las políticas que ha venido aplicando CDC en los últimos años desde el Gover, como la de "parar el traspaso del canon del agua hacia empresas mixtas y privadas"; "garantizar que se retiren los conciertos educativos --cuando caduquen-- a los centros de educación no mixtos y no otorgar otros nuevos en estos casos", y "revisar la posición de la Generalitat como acusación en los procesos judiciales abiertos con trasfondo político, siempre que el motivo de la causa no sea la agresión a un mosso".

En todo caso, la mayor parte de las medidas no se podrían aplicar en un escenario de prórroga presupuestaria, por lo que requerirían el apoyo de la CUP a los presupuestos de 2016 para que estas fueran efectivas, más allá de que no se especifica cómo se conseguirá la financiación necesaria.