Cataluña cuenta hoy con prácticamente todas las competencias sanitarias, con excepción de las relativas a medicamentos y productos sanitarios. De ahí el interés de CDC y ERC en crear una agencia específica, como estructura de Estado y que apoya totalmente la CUP en aras a la independencia.

La desconexión, según especialistas en la materia, conllevaría, entre otras cosas, el suministro a precios menos competitivos de fármacos y productos que ahora se adquieren a escala estatal. También podría ser un obstáculo comercial para la fuerte industria farmacéutica catalana en el resto de España y el mantenimiento, tras la independencia, del mercado cautivo actual. Prácticamente el 60% de la facturación de todo el país proviene hoy de laboratorios radicados en Cataluña.

¿Qué harán las multinacionales?

Y puestos a especular, ¿qué abastecimiento farmacéutico les espera en una Cataluña independiente? ¿Creen que las multinacionales farmacéuticas se quedarán en Cataluña? ¿Nadie les ha dicho que han invertido para el mercado español, de 47 millones de habitantes, y no para un país de siete millones?

Otro inconveniente sería un posible boicot en el resto de España, hasta ahora testimonial, de pacientes que exigen en las farmacias medicinas bioequivalentes a las catalanas, fabricadas en otras latitudes, cuando se las receta el médico.

La investigación

Hay otros asuntos importantes que habría que tener en cuenta como, por ejemplo, los fondos estatales para la financiación de investigación biomédica o los órganos procedentes de cadáver para trasplantes, puesto que Cataluña no es autosuficiente en esta materia.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entidad número uno de su ramo, siempre ha eludido pronunciarse sobre la secesión y ha elogiado los equipos y centros catalanes. Pero su director, Rafael Matesanz, ha dejado claro que “Cataluña realiza la cuarta parte de sus trasplantes con órganos procedentes del resto de España” y que crear microorganizaciones de trasplantes “siempre es un paso atrás”.

Por otra parte, los centros de referencia nacional que hay en esta comunidad dejarían de recibir pacientes del resto de España, y lo mismo pasaría con los que se desplazan desde comunidades autónomas limítrofes. Y también hay proyectos de investigación en biomedicina que reciben subvenciones del Instituto de Salud Carlos III.