Una sanidad con prestaciones universales y gratuitas, sin copagos ni listas de espera. De las que no hay en el mundo. El sueño de la CUP, en forma de 13 peticiones en materia sanitaria para investir al candidato de Junts pel Sí como President, raya en el delirio. Especialmente en una comunidad con un sistema cercano a la bancarrota, con unas deudas o “facturas pendientes” que rondan los 2.000 millones de euros.
Además de las 3.100 farmacias a las que se debe casi 330 millones (más nueve por los intereses de demora de la deuda en 2013 y 2014), unos 5.500 trabajadores sociosanitarios integrados en la Asociación Catalana de Entidades por la Salud (ACES) están también, de momento, afectados por los impagos de la Generalitat. El déficit de estos centros concertados sobrepasa los 1.500 millones.
Si la Generalitat no idea un plan milagroso, todo indica que sólo un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario del Ministerio de Hacienda puede aliviar su problemas de tesorería.
Propuestas en las antípodas
Las condiciones de la CUP para el pacto con JxSí no pueden estar más en las antípodas: un sistema 100% público, reabrir “de manera inmediata” todos los servicios cerrados, quirófanos y camas, y reducir un 50% las listas de espera en el plazo de seis meses.
La fantasía incluye la retirada del Consorcio Sanitario de Lleida, los planes funcionales de Tarragona y el Valle del Penedés, además del proyecto CIMS de Girona. También exige que se revoque la privatización de los ambulatorios, y se derogue “todo acuerdo o concierto con entidades privadas”.
Todos los tratamientos, gratis
Lógicamente, todas las prestaciones y tratamientos tienen que ser gratuitos “de forma universal y a todas las personas”. Incluidos los costosísimos de hepatitis C para todos los afectados.
Casi nada, cuando actualmente la presencia de la sanidad concertada abarca a unos 60 hospitales de la red pública. Y la Generalitat ha sido el gobierno autonómico que más ha recortado en sanidad, pasando de más de 10.000 millones de euros de presupuesto a 8.500 en cuatro años. Aunque la prensa comprometida o subvencionada de Cataluña haya apuntado principalmente al PP y a la comunidades madrileña y valenciana.
Choque con la gestión
Las peticiones de los cupaires chocan con un cúmulo de acciones de los últimos años del gobierno de CiU. Por ejemplo, se oponen al proyecto Visc , que permite la transferencia de datos personales entre empresas sanitarias. También solicitan que las lesbianas pueden acceder a los tratamientos de reproducción asistida.
Aunque no lo han puesto sobre el papel, discrepan de la subida de sueldos del 20% entre los altos cargos el año pasado. Tampoco les gustará cuando descubran que, a pesar de la abultada deuda, antes de constituirse en República independiente, la consejería de sanidad de Cataluña es la española que cuenta con mayor número de altos cargos, 60, y salarios que llegan en algún caso a los 126.270 euros.