Pocos minutos después de las 12 del mediodía, la abogada del Estado Marta Silva de Lapuerta ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno central contra la resolución independentista del Parlament. El documento había recibido el visto bueno del consejo de ministros poco antes, tras un encuentro extraordinario celebrado a las 10 de la mañana.

La impugnación del inicio de la “desconexión” de España y “proclama solemnemente” el inicio de la construcción de una república catalana. El movimiento burocrático para conseguir la suspensión automática de la resolución a finales de semana se inició en el Consejo de Estado, que concluyó en un informe que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para presentar el recurso ante el TC.

Suspensión cautelar

Los 11 magistrados del alto tribunal deberán decidir por unanimidad si admiten a trámite el documento. Se da por sentado que lo harán y por unanimidad, ya que sólo deberán valorar si el escrito cumple los requisitos formales para iniciar el análisis con profundidad que se puede prolongar durante más de cinco meses. Falta por convocar la reunión para decidirlo, algo que se espera que ocurra en las próximas horas. Incluso se podría reunir esta misma tarde.

Por ello, la suspensión cautelar es cuestión de horas. ¿Desobedecerán al Constitucional las fuerzas independentistas del Parlament? Junts pel Sí y la CUP han manifestado abiertamente que están en disposición de hacerlo. Cuál será la respuesta del Gobierno central en ese momento es una incógnita.

21 cargos identificados

Se conoce que el escrito firmado por Mariano Rajoy identifica con nombres y apellidos a 21 cargos electos del Ejecutivo catalán. Pide que se les notifique “bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones” el inicio del trámite ante el Constitucional. Entre ellos aparece el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; pero también al resto de miembros de la mesa de la cámara catalana y los del consejo de gobierno de la Generalitat.

También reclama que se notifique al Parlament la prohibición expresa de emprender las iniciativas legislativas comprendidas en la resolución recurrida.

Casa Real

El rey Felipe VI ha anulado su agenda institucional este miércoles para seguir de cerca el avance de los procesos burocráticos para impugnar la resolución independentista.