Los concesionarios catalanes se cargan la declaración independentista

Nuevo posicionamiento empresarial contra un movimiento del procés. En esta ocasión, circunscrito a un aspecto muy concreto, y exclusivamente económico. Los protagonistas, los concesionarios del sector público, que alertan de que si la Generalitat desarrolla por completo la declaración independentista de Junts pel sí y la CUP incurriría en un "incumplimiento de contrato". Lo que implicaría las consiguientes acciones judiciales.

La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), de ámbito estatal y que agrupa a compañías como Abertis, Agbar, Saba, Alsa, Vitalia o el Grupo Mémora, ha alertado este martes contra un aspecto de la declaración de JxSí y la CUP. Concretamente, contra una parte del anexo –incluido a última hora, con aspectos sociales del gusto de la formación cupaire– que insta al Govern a "impulsar la renegociación de todas las financiaciones estructuradas", revisando las que suponen "un pago excesivo respecto a los tipos de interés y las tasas de inflación actuales".

La clave: los tipos han variado

Una frase oscura para el gran público, pero de gran importancia para las empresas que tienen concesiones de la Generalitat. Los concesionarios del sector público se financian por su cuenta para acometer sus inversiones, que recuperan con los pagos de la administración. El presidente de CCIES, Francesc Sibina, explica a este medio que muchas concesiones públicas se firmaron antes de la crisis "con intereses pre-crisis". Es decir, sensiblemente más elevados que los actuales. Y que, si la Generalitat decide ahora pagarles "al interés actual", se verán "en una situación económica complicadísima".

Sibina razona que las concesionarias no tienen "ninguna posibilidad de renegociar" las condiciones con sus financiadores. Y que si la administración autonómica cambia las condiciones y les paga a los tipos bajos actuales, "el diferencial lo tenemos que pagar nosotros".

Lamentan la "inseguridad jurídica"

El presidente del CCIES denuncia "inseguridad jurídica". Y explica que los márgenes del sector son "muy ajustados", precisamente porque se supone que el negocio tiene una fuerte seguridad, al contratar con las administraciones.

La entidad no solo se queja. También avisa de posibles consecuencias jurídicas para la Generalitat. Expone que este cambio de condiciones supondría un "incumplimiento unilateral del contrato". Y Sibina añade que la empresas afectadas "lo primero que harían sería acudir a los tribunales".

Sin precedentes, "ni siquiera en Grecia"

El presidente de la Cámara de los concesionarios aun añade que "no hay precedentes" de una medida así en toda Europa. Y apunta que "ni siquiera en Grecia", refiriéndose al gobierno de izquierdas de Syriza, un ejecutivo ha previsto una medida similar.

Sibina también recalca que la "reflexión" de CCIES se dirige "sólo al punto 9" de la resolución de Junts pel sí y la CUP. Y que en el resto del texto –de contenido político, y netamente independentista–, "no queremos entrar".