España desenfunda el arma económica contra el 'procés'

Las leyes permiten diversos recursos al Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente al reto independentista de Junts pel Sí y la CUP, que este lunes han aprobado en el Parlament una resolución que llama a iniciar la "desconexión" de Cataluña respecto a España. Además de acudir al Tribunal Constitucional, desde el Ejecutivo se ha coqueteado a menudo con apelar al artículo 155 de la Carta Magna para intervenir el gobierno autonómico. Éste se suele considerar como el instrumento más agresivo en manos del Gobierno. Pero hay otro que podría ser tanto o más contundente. Y se cuenta en euros.

El Ejecutivo ha amagado este lunes, el mismo día en que el Parlament ha aprobado la resolución de Junts pel Sí y la CUP, con cancelar las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la Generalitat, y pagar directamente a los proveedores. A la vez, ha recordado al Gobierno de la Generalitat que debe cumplir con los objetivos de déficit, o podría enfrentarse a sanciones.

La doble advertencia la han lanzado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Sanidad, Alfonso Alonso, en lo que representa una clara línea táctica del Gobierno, que ya se puso de manifiesto hace una semana.

"Todos" los instrumentos

Desde Bruselas, y preguntado por la posibilidad de cancelar los pagos del FLA a la Generalitat, Guindos ha evitado negarlo. El ministro ha precisado que el Gobierno va a "continuar manteniendo y financiando los servicios públicos de los catalanes". Pero ha añadido que el Estado tiene diversos instrumentos a su disposición, y que "todos están siendo analizados".

A la vez, el titular de Sanidad ha señalado que el Ejecutivo ha prestado "prácticamente 48.000 millones de euros" a la Generalitat y que esta "vive de la asistencia, de la ayuda y del apoyo del Gobierno de España". Y ha advertido que el Gobierno autonómico debe cumplir las leyes, y también la de Estabilidad Presupuestaria, que "tiene sus propias previsiones", según ha recalcado.

Posibilidad de sanciones

Las previsiones a las que ha aludido tácitamente Alonso son las sanciones previstas a las CCAA que no cumplan con la austeridad y los objetivos de déficit marca esta ley, y que incluyen multas o no disponibilidad de créditos. Justamente esta sería la advertencia del Gobierno a la Generalitat: si sigue adelante con el desafío independentista, se enfrenta a una dificultades financieras aun mayores. E incluso a la intervención 'de facto'.

La secuencia sería la siguiente: el Gobierno corta las transferencias del FLA, la Generalitat no puede pagar a sus proveedores, y, tras dos meses de impago, se puede aplicar la Ley de Morosidad. Que contempla que sea el Estado quien paga directamente a estos proveedores, sin poder decidir la Generalitat a qué destina este dinero.

"Veleidades independentistas"

Esta advertencia va en la línea de lo que ya afirmó el propio Guindos la semana pasada. "El Estado está para financiar los servicios públicos, no las veleidades independentistas", afirmó entonces el ministro.

La Consejería de Economía ha rehusado valorar las palabras de Guindos y Alonso de este lunes. Hace una semana, y protestando por el "retraso" en una parte de los pagos del FLA, afirmó que, de hecho, la Generalitat "no puede disponer libremente de estos fondos", y que ya es el ministerio quien "determina el gasto". También indicó que estos fondos no son un "regalo", sino un prestamo con interés. Sobre el hecho de que este año el interés del FLA és de tipo cero, la consejería repuso que el tipo se volverá a elevar a partir de 2016, hasta un 0,8%.