C's propone cerrar el Estado autonómico clarificando el reparto competencial

Ciudadanos (C's) plantea eliminar el Senado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fortalecer al Estado frente a las CCAA, acabar con el Concierto vasco y el Convenio navarro y garantizar que el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no dependa de la "discrecionalidad política del Gobierno".

Estas son algunas de las propuestas que figuran en el documento 'Regeneración democrática e institucional' presentado este sábado en Cádiz por el presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera.

Ordenar el modelo autonómico

C's pretende conseguir una organización territorial del Estado "leal, eficaz y ciudadana", para lo que fija como principal objetivo cerrar el modelo autonómico y clarificar la distribución de competencias entre los distintos niveles de la Administración Pública.

También quiere establecer una financiación territorial "equitativa, transparente y eficaz" que garantice la igualdad básica de los españoles independientemente de dónde residan.

Competencias exclusivas del Estado

En relación a la organización territorial del Estado, C's propone que las 17 CCAA aparezcan enumeradas en la Constitución, suprimiendo la disposición transitoria cuarta de la Constitución y eliminando así la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.

También insta a elaborar un listado de competencias exclusivas --e intransferibles-- del Estado del artículo 149 de la Constitución y diferenciar entre las que asume íntegramente --funciones legislativas y ejecutivas-- y las que sólo lo asume en la parte legislativa. En este caso, la ejecución autonómica estará sometida a la vigilancia y control por parte del Estado, por ejemplo a través de la alta inspección.

Competencias compartidas

Adicionalmente, C's plantea elaborar un listado de competencias compartidas integrado por las materias en las que el Estado cuenta con la función legislativa junto con las CCAA.

La Constitución establecería las reglas de relación para evitar los conflictos sobre la base de la supletoriedad y la prevalencia de la legislación del Estado.

El resto de materias no consideradas como exclusivas del Estado se atribuirían a las CCCA mediante una cláusula residual.

Igualdad y unidad jurídica y económica nacional

La propuesta subraya que el Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a derechos y deberes.

Esto incluye establecer una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado.

El Fondo de Cohesión Social y Territorial

En paralelo a la progresiva eliminación del Concierto vasco y el Convenio navarro, se revisaría el cálculo de los correspondientes cupos.

Y se fijaría el Fondo de Cohesión Social y Territorial como pieza central con la que conseguir la garantía de la igualdad básica de los ciudadanos, en relación con los servicios esenciales enumerados en la carta que se elaboraría, eliminando el resto de fondos existentes actualmente.

Por otra parte, las CCAA que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, sufragarlos mediante el incremento de las cargas tributarias sobre los ciudadanos.

Un Consejo de Presidentes de CCAA en vez del Senado

El Senado sería sustituido por un Consejo de Presidentes de las CCAA y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (distinto de la actual Conferencia de Presidentes) que se coordinaría con el Estado en el ámbito legislativo.

Sus miembros dispondrían de un voto ponderado en función de la población de cada Comunidad, y se encargarían de aprobar, en segunda lectura y con el voto mayoritario de sus miembros, las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado. En caso de discrepancia con el Congreso de los Diputados, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común.

Eliminar diputaciones y fusionar ayuntamientos

El proyecto de C's también prevé eliminar las diputaciones provinciales y, vinculada a esta medida, fusionar ayuntamientos para racionalizar la Administración local, mejorar la prestación de los servicios públicos y renovar la calidad de la democracia.

El Estado deberá fijar los índices de sostenibilidad mínimos para la subsistencia de un municipio y, si no se cumplen, deberá procederse a la fusión municipal. A tal fin, se modificará el artículo 140 de la Constitución para consignar tanto el criterio de la sostenibilidad como la habilitación al Estado de la competencia para regular la fusión de los municipios en caso de incumplir tal criterio.

Reforma en profundidad de la justicia

En el ámbito de la justicia, más allá de suprimir el CGPJ --cuyas atribuciones asumiría el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial--, C's propone establecer una serie de incompatibilidades para ser fiscal general o miembro del Tribunal Constitucional (TC), eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y fijar un plazo perentorio para que el TC se pronuncie sobre los distintos asuntos que se le plantean.

Los jueces y magistrados serán nombrados según su mérito y capacidad mediante concursos, y el TC y la Fiscalía General del Estado deberán ser independientes del poder político.

También plantean incrementar los medios para la administración de justicia, agilizar los procedimientos, evitar el uso de 'puertas giratorias' por parte de los jueces, y mejorar el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Ámbito electoral y derechos sociales

C's también propone reformar la ley electoral española siguiendo el modelo alemán --eligiendo diputados simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales-- y acabar con el aforamiento de todos los representantes públicos.

Otras de las propuestas son facilitar las consultas en el ámbito local y la presentación de iniciativas legislativas populares, potenciar las comisiones de investigación en los parlamentos, mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas, suprimir la figura del decreto ley y prohibir el indulto en casos de corrupción y violencia de género.

Finalmente, la formación 'naranja' pretende eliminar de la Constitución la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en el trono; y crear una nueva sección de derechos sociales en la Carta Magna (con garantía presupuestaria), que afectarían al derecho a la salud, a la vivienda, a la protección ambiental, a los servicios sociales, de los consumidores y usuarios, al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y a la buena administración.