La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rechazado este martes los argumentos de la oposición y, finalmente, ha celebrado una Junta de Portavoces en la Cámara autonómica para continuar con la tramitación de la resolución rupturista impulsada por JxSí y la CUP.
Desde C's, el PSC, el PP y CSQEP habían denunciado que la Junta de Portavoces no se podía reunir hasta que estuviesen constituidos todos los grupos --el PP está pendiente de hacerlo, y tiene de plazo hasta el viernes--, sin embago, Forcadell ha seguido adelante con la convocatoria, rechazando las peticiones de la oposición.
Tras la Junta de Portaveces se ha reunido la Mesa del Parlament, que ha aprobado seguir con los trámites parlamentarios del texto independentista.
El viernes se fijará la fecha del pleno
En una rueda de prensa, Forcadell ha defendido la legalidad de la convocatoria de la Junta de Portavoces y ha anunciado que el viernes se celebrará una nueva reunión de este órgano para fijar la fecha del pleno en el que se debata la resolución rupturista, probablemente el lunes día 9 por la mañana, mientras que por la tarde se celebraría el pleno de investidura.
Según la presidenta del Parlament, era imprescindible convocar la Junta de Portavoces este martes porque era el día en que vencía el plazo establecido por el reglamento de la Cámara autonómica para dar respuesta a la petición de "reconsideración" de la resolución independentista solicitada por PSC, C's y PP.
El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra
Por otra parte, Forcadell también ha asegurado que existen "dos antecedentes" --en los años 2006 y 2010-- de convocatoria de Juntas de Portavoces sin que todos los grupos parlamentarios se hubiesen constituido.
El líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, y el portavoz de C's, Carlos Carrizosa, han negado ese extremo. García Albiol ha acusado a Forcadell de "mentir" porque la Junta de Portavoces a la que se refiere Forcadell fue en realidad una "reunión de representantes de los grupos parlamentarios".
Este miércoles, C's, el PSC y el PP presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para tratar de frenar los trámites de la resolución rupurista antes de que llegue al pleno.