La propuesta de reforma constitucional aprobada este miércoles por el PSOE plantea hacer efectivo el denominado ‘principio de ordinalidad fiscal’ en el sistema de financiación autonómica, lo que, en la práctica, supone limitar la solidaridad interterritorial.
El documento presentado concreta algunos de los aspectos recogidos en la Declaración de Granada --aprobada en julio de 2013-- y pretende avanzar hacia un modelo de Estado federal. La iniciativa ha pasado el filtro de la Ejecutiva socialista y del Consejo de Política Federal, un órgano presidido por la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, e integrado por los dirigentes territoriales del partido.
Evitar la "peor condición relativa" del contribuyente
El PSOE propone que el sistema de financiación de las CCAA se base en “los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos”.
“El alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”, añade. Y, además de destacar “el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial”, subraya “la atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia”.
El precedente de la sentencia sobre el Estatuto
El documento se refiere al argumento jurídico número 135 de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En él se indicaba que la solidaridad entre las CCAA “no puede redundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas en orden a una aproximación progresiva entre todas ellas, excluyéndose, por tanto, el resultado de la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución que dejaría entonces de ser solidaria y servir al fin del equilibrio para propiciar, en cambio, un desequilibrio de orden distinto al que se pretende corregir”.
Los principales partidos se han mostrado favorables
Sin embargo, el principio de ordinalidad fiscal no se ha aplicado en los modelos de financiación autonómica que han estado en vigor hasta ahora. Su implementación supondría que las CCAA más prósperas recibiesen mayor financiación per cápita que las menos prósperas y limitaría las transferencias fiscales interterritoriales. De hecho, tampoco es habitual que se aplique en los Estados federales.
A pesar de ello, en los últimos años los principales partidos han defendido el principio de ordinalidad fiscal --no solo formaciones nacionalistas como CiU, sino también el PP, Ciudadanos y Podemos--, aunque el PSOE es el primero que lo plasma en una propuesta formal.