Los diputados de Junts pel Sí felicitan a Carme Forcadell después de ser elegida presidenta del Parlament

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Política

La rapidez con que los soberanistas presentaron su propuesta impide aprobarla

La mesa del Parlament debe oír a la junta de portavoces antes de pronunciarse, pero ésta no puede reunirse hasta que el PP constituya su grupo parlamentario

28 octubre, 2015 13:01

La decisión de la mesa del Parlament sobre la propuesta de Junts pel sí y la CUP no será tan rápida como preveían los promotores de la iniciativa. De momento, no se pronuncia; no puede.

Tras la presentación, hoy miércoles, de las proposiciones de Ciutadans y PSC para que el Parlament no se pronuncie sobre la moción soberanista, la mesa ha rechazado someter el asunto al criterio de los servicios jurídicos de la cámara con el argumento de que en la propia mesa hay varios abogados.

La junta de portavoces

Pero tampoco ha podido pronunciarse porque para hacerlo es preceptivo oír a la junta de portavoces, y eso no puede hacerse porque el Partido Popular aún no ha constituido formalmente su grupo parlamentario. La mesa podría convocar a los otros portavoces y a todos los diputados populares en calidad de invitados para cubrir el expediente, pero sería algo inédito y quizá ilegal.

El PP tiene de plazo hasta el 5 de noviembre para constituir su grupo, cuatro días antes de la fecha prevista para la primera votación de investidura del presidente de la Generalitat.

La rapidez con que el bloque soberanista ha querido lanzar su propuesta de desconexión de España ha sido tal que aún no se han podido cumplir los plazos: de hecho, no estaba previsto que se presentara ninguna moción –nunca se ha hecho—hasta que se vote a un presidente y éste forme gobierno.

García Albiol quiere aprovechar la oportunidad

Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP, ha anunciado que su partido aprovechará el plazo que le da el reglamento de la cámara para que el PSC reconsidere sumarse a una declaración conjunta contra la propuesta independentista que defiende el PP y C's.

También quiere conseguir que los servicios jurídicos de la Cámara se pronuncien sobre la legalidad de la propuesta de desconexión con el Estado de los independentistas, y en consecuencia si el Parlament se puede pronunciar o no sobre ella.