Mas apela al Tribunal Constitucional el mismo día que propone desobedecerlo

La implementación del plan independentista promovido por el presidente de la Generalitat en funciones y líder de CDC, Artur Mas, acumula algunas contradicciones. Una de las más evidentes se ha podido constatar este martes.

A la misma hora en que Junts pel Sí (coalición liderada por CDC) y la CUP registraban en el Parlament la propuesta de resolución que prevé el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república" --y que incluye la desobediencia al Tribunal Constitucional---, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat (controlado también por CDC) acordaba iniciar los trámites para impugnar ante el mismo tribunal dos leyes aprobadas recientemente por el Congreso.

Un tribunal "deslegitimado y sin competencia"

En concreto, el texto de la propuesta de resolución señala que "como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".

E insiste en que a este tribunal lo "considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otros".

De forma simultánea, el Govern ha aprobado "solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias el dictamen preceptivo previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad" contra la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

"Afecta a la seguridad jurídica"

En la presentación de la resolución de JxSí y la CUP, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha insistido en que el plan previsto "no quedará supeditado a ningún acto que planteen las instituciones del Estado español", en referencia a posibles dictámenes del Tribunal Constitucional. Un órgano que ha tildado de "severamente deslegitimado".

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de JxSí y secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que "no nos entretendremos" en realizar impugnaciones "judiciales" a "suspensiones" que afecten a normativas del Parlament.

En cambio, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de la Generalitat, la vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha justificado los pasos iniciados para impugnar ante el Tribunal Constitucional las dos leyes citadas porque consideran que su aprobación "afecta a la seguridad jurídica".

La Generalitat acude al TC más que el Gobierno

Lo cierto es que tanto desde la Generalitat como desde CDC hace años que se viene acusando al Tribunal Constitucional de estar "deslegitimado" y al Gobierno de utilizarlo para "estrangular" al Gobierno autonómico, pero también es cierto que nunca han dejado de acudir a él para defender sus intereses.

De hecho, en el informe titulado "Crónica de una ofensiva premeditada: las consecuencias sobre la personas de Cataluña" --una suerte de ‘lista de agravios’ publicada en junio pasado--, la Generalitat admitía que, desde verano de 2010, había recurrido 47 normas de ámbito nacional, mientras que el Gobierno únicamente había impugnado 19 disposiciones del Govern o del Parlament. Y todo ello con sentencias que dan la razón a ambas partes de forma muy equilibrada. Además, el informe denunciaba el incumplimiento por parte del Estado de diversas sentencias del Tribunal Constitucional.

En los últimos meses, la Generalitat ha continuado iniciando los trámites legales para recurrir ante el Tribunal Constitucional normativas aprobadas por las Cortes Generales, como es el caso de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en agosto); la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y la ley para la defensa de la calidad alimentaria (en septiembre), y la Ley 30/2015, que regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (también en septiembre).