Un día después de que el juez instructor del caso Son Espases, José Castro, requiriera a la dirección nacional del PP todo lo relativo a las obras de remodelación de su sede de Génova, el magistrado ya tiene sobre la mesa las facturas de los trabajos de reforma, en cuyo análisis se volcará para esclarecer si una parte fueron financiados de forma irregular por empresarios vinculados con la adjudicación del hospital mallorquín.
Se trata de una nueva línea de investigación abierta en el marco de unas pesquisas que, desde hace varios meses, intentan arrojar luz sobre los supuestos tratos de favor y el cobro de comisiones que se habrían producido durante la tramitación del concurso de Son Espases que, pese a que inicialmente se decantó a favor de OHL, fue finalmente adjudicado a la unión de empresas liderada por una de las filiales de Florentino Pérez.
Conexión entre Son Espases y Génova
No obstante, Castro quiere ir más lejos. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha hallado un importante punto de conexión entre estos hechos y la reforma de la sede central del PP en el que acaba de poner la lupa. El juez busca determinar si el PP no pagó nada por las obras de remodelación de Génova al haber sido éstas sufragadas por alguno de los empresarios que, como recompensa, fueron favorecidos --u optaron a serlo-- con la adjudicación de Son Espases.
Con las facturas en mano y en vistas a la posible comisión de un delito de cohecho pasivo, el magistrado escudriñará paso a paso qué se oculta tras los pagos. Por ahora, el PP le ha remitido vía fax la copia de las facturas, mientras que las originales prevé enviarlas mediante burofax en los próximos días.
En cualquier caso, los populares ya han advertido a Castro que no le podrán entregar todas las facturas, puesto que parte de las mismas están en posesión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a su vez si el PP pagó otra parte de las obras de su sede con dinero negro.
Trece testigos citados
Al margen de esta parte del caso, Castro tiene previstas para la próxima semana el interrogatorio de trece testigos. En función de lo que arrojen sus declaraciones, el magistrado decidirá si definitivamente llama a declarar a Florentino Pérez.
Entre los testigos citados, en su caso el 6 de noviembre, se encuentra el presidente del Consejo Consultivo de Baleares, Rafael Perera, quien fue además durante varios años abogado del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, bajo cuyo último mandato (2003-2007) fue impulsada la construcción del hospital de Son Espases. Perera, de 86 años y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, renunció en 2011 a seguir defendiendo al ex ministro.