A CDC se le abre un nuevo frente de presunta corrupción política. El mismo día en que se ha llevado a cabo una macrooperación policial con registros en 14 domicilios y empresas del ex president Jordi Pujol y sus hijos, y con las investigaciones por el caso 3% de plena actualidad, el Ayuntamiento de Barcelona contribuye también al goteo de escándalos que implican a los convergentes.

El consistorio ha presentado este martes un informe que detecta presuntas irregularidades graves e ilícitos" en Barcelona Regional (BR), una agencia pública participada por el consistorio, durante el mandato del ex alcalde Xavier Trias. El informe lo encargó el ayuntamiento en julio, justo después de que se supiera que la Fiscalía empezara a investigar estas presuntas prácticas ilícitas, a la vez que la alcaldesa, Ada Colau, intervino BR designándose como presidenta de la misma, para "recuperar el control" de esta agencia pública.

Contratos con empresas de Pere Pujol

Según este informe, BR –participada también por el Área metropolitana, el Puerto, el Aeropuerto, el Consorcio de la Zona Franca y otros accionistas públicos, pero financiada fundamentalmente por el Ayuntamiento– habría cometido irregularidades en la contratación de su personal, al llevar a cabo actividades internacionales para las que no estaba facultada, y en la adjudicación de contratos a otras empresas. Entre los cuales, cuatro contratos a empresas de Pere Pujol.

El informe analiza especialmente los contratos de BR con la empresa Entorn Enginyeria i Serveis, que dirigía Pere Pujol. Entre 2013 y 2015, BR adjudicó a esta mercantil cuatro contratos de consultoría, por un valor total de 142.800 euros. Y se señalan irregularidades como la ausencia de "pliegos de cláusulas", la falta de "cualquier tipo de procedimiento" para solicitar las ofertas concurrentes, e incluso de "facturas emitidas".

"Conclusiones perturbadoras"

El estudio del Ayuntamiento llega también a "conclusiones realmente perturbadoras" con respecto a las actividades en el extranjero de BR, como un contrato con el estado brasileño de Cearà. Señala que los estatutos de esta agencia pública no prevén estas actividades, que estas iniciativas se tomaron a espaldas del consejo de administración, y que no contaban con la necesaria aprobación de la financiación.

El estudio no entra en detalle en uno de los contratos que fue polémico cuando se conoció el caso, y que investiga la Fiscalía. La adjudicación de dos contratos, por un total de 22.500 euros a Antonio Herrero Bergés, que fue socio del ex director general de BR, Willy Müller. Este último se consideraba como un estrecho colaborador del concejal de Hábitat Urbano en la época de Trias, Antoni Vives, que abandonó el consistorio en septiembre.

Sólo se analiza la época de Trias

En su informe, el Ayuntamiento ha estudiado solo los últimos cuatro años. Es decir, el mandato del 'convergente' Xavier Trias, aunque no ha descartado remontarse a "años anteriores" cuando se lleve a cabo la auditoría en profundidad que propone. El equipo de Gobierno de Colau señala que "se podrían derivar incluso responsabilidades penales" del caso, pero no ha manifestado su intención de llevar a cabo otra acción ante la justicia que remitir a la Fiscalia el informe.

El ex alcalde Xavier Trias ha visto en el informe un "intento de desprestigiar de manera constante el trabajo que se ha hecho durante estos años a nivel de urbanismo". Trias se ha mostrado convencido de que "las cosas se han hecho bien" en BR. Aunque ha admitido que "puede ser que haya algún acto administrativo que sea erróneo".