El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido la 'limpieza' del Govern y de su partido --CDC-- tras la operación judicial de este miércoles que ha supuesto la detención del tesorero de la formación nacionalista, Andreu Viloca Serrano, del director general de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y de varios empresarios presuntamente implicados en una trama de corrupción por adjudicaciones públicas.

En una rueda de prensa inicialmente convocada para anunciar la firma del decreto de constitución del nuevo Parlament, Mas ha criticado la "sobreactuación" y "exageración" de los registros y detenciones realizados por parte de la policía, y ha insinuado que todo responde a una "actuación" del Estado contra "el proceso" independentista.

El dirigente nacionalista ha asegurado que las decisiones judiciales "no son ajenas al momento político que estamos viviendo". "CDC, como partido, y yo mismo somos objeto de caza mayor" por parte del Estado, ha asegurado. Y ha insistido en que "hay mucha gente que intuye por qué se hace esto", en referencia a la operación de este miércoles.

"No provocará ninguna grieta en el proceso"

Por otra parte, Mas se ha ofrecido a comparecer inmediatamente ante el Parlament para explicar cómo funcionan las adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat, un sistema que ha tildado de "super garantista y super transparente".

Además, ha mostrado su "plena confianza en las personas que llevan y han llevado la gestión y administración de CDC y de la fundación".

Y, en todo caso, ha asegurado que --al igual que ocurrió tras es escándalo de Jordi Pujol-- este tipo de operaciones judiciales "no han de provocar ninguna grieta en el proceso soberanista".

Economía se defiende

El departamento de Economía que dirige Andreu Mas-Colell ha manifestado este mediodía que se ha enterado “con sorpresa” del registro por la Guardia Civil del despacho del director general de Infraestructures.cat.

“Esta empresa pública, que a pesar de disponer de autonomía en la gestión depende orgánicamente del departamento de Economía, ha reforzado en los últimos cinco años los instrumentos para velar por la transparencia en la contratación pública y ha endurecido el control de los procedimientos en la contratación pública, yendo más allá de los requisitos legales”.

Además, ha mostrado su disposición a colaborar al máximo con la justicia con respecto a los hechos que se estén investigando y, a la vez, dice ser el “primer interesado en que no se puedan poner en duda los procedimientos de contratación pública”.