Josep Manel Bassols es uno de los detenidos en la nueva operación de la Guardia Civil en el marco del caso 3% de este miércoles. Militante histórico de CDC, fue alcalde del municipio de Anglès (Girona) desde 1995 a 2003. Propietario de un estudio de arquitectura y promoción, tras finalizar su etapa política se convirtió en delegado en Cataluña de Oproler, una constructora de Madrid cuyas aportaciones al partido están bajo la lupa judicial.
Bassols es también el marido de la responsable Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols, ex magistrada de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El pasado febrero se convirtió en uno de los miembros con más peso dentro del Gobierno de Artur Mas al convertirse en la comisionada por la Transparencia, que depende de la consejería de Gobernación encabezada por Meritxell Borràs desde que Unió dejara el Ejecutivo catalán. Antes, el cargo lo ocupaba Joana Ortega.
Archivo de la imputación a Ferran Falcó
Su principal tarea en los últimos ocho meses ha sido la de implementar la ley de transparencia en todos los organismos de la Generalitat. Conoce de primera mano la norma, ya que antes de convertirse en comisionada era la directora del Programa de Políticas de Transparencia.
La designación de la magistrada para este cargo en diciembre de 2013 levantó polvareda. Bassols se incorporó al equipo de Mas tres meses después de que redactara el archivo de la causa abierta en el TSJC contra el diputado de CiU Ferran Falcó, que había sido imputado, precisamente, en la causa que precedió al caso 3%, el caso Adigsa.
Magistrada del TSJC en excedencia
El fondo de ambas investigaciones judiciales son las presuntas comisiones ilegales cobradas por CiU a cambio de la adjudicación de obra pública, tal y como denunció el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) en el Parlament en octubre de 2006.
Bassols, que actualmente está en excedencia del TSJC, aseguró en su escrito que no había encontrado indicios de que Falcó interviniera o conociera la existencia de presuntas irregularidades en Adigsa (ahora Infraestructures.cat) cuando encabezaba la compañía.
‘Caso Adigsa’
El alto tribunal tardó nueve años en cerrar la instrucción del caso, que concluyó en julio de 2015 con la acusación al ex consejero delegado de la compañía, Antoni Fontdevila, al que Fiscalía solicitó 10 años de cárcel por un delito continuado de malversación y otro de falsedad documental; y el antiguo responsable económico de la empresa pública, Xavier Sala, y para el director técnico, Jordi Huguet. La Fiscalía consideró que eran cooperadores necesarios del principal acusado y solicitó nueve años y medio de cárcel para cada uno de ellos.
Aún no hay fecha para la apertura del juicio oral.
‘Caso casinos’
Esa no era la única ocasión en que Bassols tuvo que evaluar una investigación vinculada con la presunta financiación irregular de CDC. En 1999, revisó el caso Casinos tras la denuncia de un particular de que el juez instructor, Ramon Gomis, había archivado la causa de forma arbitraria al no tener en cuenta parte de la información aportada en la causa.
La magistrada lo archivó por segunda vez en verano del 2000.