El Gobierno municipal de Barcelona sigue firme en su ofensiva contra los símbolos de la monarquía. La comisión de Presidencia del consistorio ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de BComú, ERC y la CUP, la abstención de CiU y el PSC y la oposición de C's y PP, una propuesta para que sea el ayuntamiento el que decida qué símbolos se exponen en el salón de plenos. La norma se empezó a elaborar justo después de la polémica de este verano, cuando el equipo de gobierno retiró el busto de Juan Carlos I de la sala, y no lo sustituyó por el del actual monarca, Felipe VI. Y el redactado actual se ha endurecido respecto al original.

El texto aprobado en comisión, que deberá ratificar el pleno, pide modificar el Reglamento Orgánico Municipal del ayuntamiento para establecer que los "elementos simbólicos" que se exhiban "con carácter permanente" en la sala de plenos los apruebe el propio pleno. El texto precisa, además, que estos símbolos deben "responder" a la "singularidad histórica y de capitalidad" de la ciudad, así como a los principios "democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad".

Se elimina la referencia a la ley estatal

El redactado consensuado por Bcomú y los independentistas ha experimentado algunas modificaciones significativas respecto al primer texto presentado en agosto por el equipo de gobierno, en la línea de endurecer el desafío a la monarquía. E incluso apuntando a la desobediencia.

En el texto aprobado hoy se ha eliminado una frase que precisaba que las decisiones del pleno sobre sus símbolos se tomarían "sin perjuicio de la observancia de lo que se pueda establecer al respecto por las disposiciones de rango legal". Esta precisión ahora eliminada aludía implícitamente a respetar leyes de rango superior. Como por ejemplo el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de ámbito estatal y aprobado en 1986, que establece que "en lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey".

Principio de "catalanidad"

En el nuevo redactado también se ha añadido la necesidad de que los símbolos expuestos en el pleno respondan al principio de "catalanidad", y se ha suprimido la exigencia de que se mantenga un "uso no partidista" de los mismos. La propuesta también contempla que los plenos municipales puedan celebrarse en otros espacios que no sean el salón de sesiones del ayuntamiento, por "causas de fuerza mayor o interés general".

Colau lanzó su ofensiva contra los símbolos monárquicos apenas llegar al ayuntamiento. Además de retirar físicamente el busto de Juan Carlos I, anunció que revisaría el nomenclátor de la ciudad, con la idea de cambiar el nombre a las calles y plazas que hacen referencia a los Borbones. El impulsor del plan es el primer teniente de Alcalde, Gerardo Pisarello. Pero el encargado de plasmarlo sobre el terreno es el comisionado para la Memoria Histórica. Que no es otro que Xavier Doménech, el candidato preferido de Colau para las generales.