El equipo de gobierno municipal de Madrid liderado por Manuela Carmena quiere llevar a cabo una serie de medidas para combatir la pobreza energética que afecta a los hogares de la capital. Para ello se proponen frenar el corte de suministro de agua, gas y electricidad para las familias económicamente vulnerables.

La actual ley del sector eléctrico que regula el bono social prevé la reducción de un 25% de la factura a los abonados que cumplan los requisitos siguientes: tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, ser persona mayor de 60 años y estar percibiendo las cuantías mínimas por pensión de jubilación, de incapacidad o de viudedad, ser familia numerosa o pertenecer a una familia con todos sus miembros en situación de desempleo.

Aumentar la reducción de la factura a un 50%

El consistorio ha comunicado al Gobierno central su intención de aumentar la reducción de la factura del 25% fijado en la actualidad a un 50%. "Creemos que el actual bono social no está llegando realmente a la población que lo necesita. Por ello vamos a pedirle al ministro de Industria que sean los servicios sociales del ayuntamiento los que determinen cuáles son los hogares vulnerables", ha explicado la concejala delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Los "hogares vulnerables" a los que se refiere al consistorio podrían acceder a una "tarifa social" en su consumo energético. Tarifa que sería progresiva, para llegar, en caso de pobreza extrema, al 100% del total de la factura.

En la misma línea, el ayuntamiento también solicita al Ministerio de Industria que se articule un plan de asesoramiento sobre reducción en los costes de gas, agua y electricidad, a través del cambio de los hábitos de consumo.

¿Cómo se financiará la tarifa social?

Según han comentado fuentes municipales, la tarifa social energética se financiará "con el fondo de contingencia de los presupuestos" o a través de "vías alternativas de financiación mediante la reestructuración de los bonos sociales existentes".

Asimismo, han informado que se están organizando reuniones con las empresas suministradoras para "proponer la firma de unos convenios por los que el ayuntamiento se haría cargo de los impagos de las familias vulnerables, hasta un máximo de dos facturas, para que no se les corte el suministro".