Los cinco testigos que han declarado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han reconocido la plena implicación de la Generalitat en la consulta independentista del 9N, aunque solo uno de ellos ha denunciado haber recibido coacciones por parte del Govern.

Esto podría complicar las cosas para para el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a quienes la Fiscalía les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

"Fui presionada"

Dolores Agenjo, la ex directora del Instituto Pedraforca de Hospitalet, que se negó a colaborar con la Generalitat el 9N, ha sido la primera en declarar. Agenjo ha asegurado ante el juez que fue “presionada” por parte de la directora territorial de Enseñanza, Montserrat Llobet, después del 4 de noviembre --fecha en que el Tribunal Constitucional ordenó a la Generalitat que se desvinculara del “proceso participativo”-- para abrir el centro y buscar voluntarios para celebrar la consulta después. Este dato --el de la fecha-- es fundamental para determinar si hubo desobediencia o no por parte del Govern.

“Lo que interpreté es que se nos estaba dando la orden verbal de que fuésemos voluntarios, de que voluntariamente entregásemos las llaves. Fui presionada, obviamente, se me llamó varias veces, hasta cinco veces, para que entregara las llaves del centro, y yo pedí una orden escrita y nunca se me quiso dar, razón por la cual el centro no se abrió”, ha explicado a los medios.

También ha revelado que tiene correos electrónicos intercambiados en aquellas fechas con colegas de otros institutos en los que estos también reconocen haber recibido presiones de la Generalitat para colaborar con el 9N

La defensa le reprocha haber ido en las lista de C's

Desde la defensa se ha tratado de desacreditar su testimonio recordando que Agenjo fue candidata de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

De igual forma, Rigau ha desmentido las palabras de la ex directora del instituto. “Si hubiesen sido órdenes del Departamento, las tendría que haber cumplido, se le habrían hecho cumplir”, ha indicado en una entrevista en TV3. Y ha considerado que “la señora Agenjo lo que tenía era una discrepancia profunda con la propuesta que hacía el presidente de la Generalitat” porque “ella también tiene un compromiso político”.

Focus recibió instrucciones tras el 4 de noviembre

Otro de los testigos ha sido Daniel Martínez, administrador de la empresa Focus, que se encargó del montaje del centro internacional de prensa en Montjuïc en el que comparecieron Mas y Ortega a lo largo del 9N. El responsable de Focus ha explicado que las instalaciones tuvieron un coste para la Generalitat de 140.000 euros, un servicio que se enmarcó en un contrato anual de 500.000 euros que la empresa tiene con la Consejería de la Presidencia.

Sin embargo, Martínez ha reconocido que, aunque el encargo se realizó antes del 4 de noviembre, los días posteriores recibieron instrucciones por parte de la Generalitat, y el montaje en sí se realizó el día anterior a las votaciones. La Fiscalía ya ha solicitado la documentación que acredite esas instrucciones.

Se da la circunstancia de que la empresa de Martínez --que es accionista del diario Ara-- despidió a Guillem Rakosnik --cuñado de Mas-- hace unos meses.

El responsable informático coordinó el sistema el 9N

Este lunes también han comparecido ante el TSJC el que fuera mano derecha de Ortega, Joan Cañada, conocido como “el director del 9N”. Cañada --que ha acudido acompañado de la propia ex vicepresidenta autonómica-- ha admitido que la Generalitat preparó todo el dispositivo para la consulta pero que, tras el 4 de noviembre, quedó exclusivamente en manos de los voluntarios.

Por su parte, la directora del Centro de Iniciativas de Reinserción Social (CIRE), Elisabet Abad, ha indicado al juez que recibió el encargo de confeccionar en la prisión de Ponent las urnas de cartón y las papeletas para el 9N antes del 4 de noviembre.

Y, finalmente, el responsable técnico informático del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé, ha confesado que los ordenadores para controlar la votación se entregaron después del 4 de noviembre y que él mismo se encargó de coordinar los servicios prestados por este organismo para resolver las incidencias informáticas que se pudiesen producir durante la jornada del 9N.