Tras varias semanas en suspenso, el caso que indaga la adjudicación del hospital mallorquín de Son Espases vuelve a reactivarse. El juez José Castro ha citado para el mes de noviembre a un total de trece testigos, varios de los cuales ya habían sido emplazados a declarar anteriormente, si bien su comparecencia fue finalmente suspendida.

En función de lo que arrojen los interrogatorios, el magistrado decidirá si definitivamente llama a declarar al presidente de ACS, Florentino Pérez, una de cuyas filiales se hizo con la concesión de la infraestructura pública tras un proceso plagado de presuntas irregularidades.

Es más, Castro tiene sobre la mesa un informe de la Agencia Tributaria que revela que la UTE liderada por Dragados, una vez obtenida la adjudicación, habría emitido facturas por 4,8 millones de euros que no fueron declarados y que corresponderían, según Hacienda, a "cobros o pagos ajenos a la realidad económica" de estos pagos.

El presidente del Consejo Consultivo, testigo

Entre los testigos citados, en su caso el 6 de noviembre, se encuentra el presidente del Consejo Consultivo de Baleares, Rafael Perera, quien fue además durante varios años abogado del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, bajo cuyo último mandato (2003-2007) fue impulsada la construcción del hospital de Son Espases.

Perera, de 86 años y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, renunció en 2011 a seguir defendiendo al ex ministro.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Matas ordenó, para dar una apariencia de objetividad y legalidad al proceso de adjudicación y cuando la empresa mejor puntuada de cara a la concesión era OHL --presidida por Luis Miguel Villar Mir, éste sí imputado--, solicitar la opinión del órgano de consulta. Tras ello, la balanza se inclinó a favor de Dragados, que se llevó el contrato por 635 millones de euros.

Varios ex altos cargos con Matas

También deberán comparecer el también síndico Bernat Salvà, el ex responsable de la Abogacía de la Comunidad Autónoma Pedro Aguiló; el catedrático Joan Oliver; el ex asesor jurídico de Matas, José María Fiol, y otros ex altos cargos del ex presidente balear.

Fue el pasado mes de julio cuando el juez Castro dio inicio a este procedimiento judicial, tras la querella interpuesta por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach después de meses de investigaciones. En ella, Horrach se mostraba tajante: se trata de un concurso en el que "la perversión alcanza su máximo exponente".

Entre las principales declaraciones efectuadas en la causa se encuentra la del ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, condenado en su día a dos años de cárcel por malversar 50.804 euros de las arcas municipales en clubes de alterne y a cinco por corrupción de menores, y quien señaló cómo la formación liderada por Matas exigía de forma habitual un tres por ciento en comisiones por cada contrato público que sacaba a concurso y que lo hacía con la connivencia del partido a nivel nacional.

Por su parte, la ex consejera de Salud Aina Castillo, quien también se ha prestado a colaborar en las investigaciones, afirmó ante el juez que Matas le transmitió instrucciones para que el concurso se fallara a favor de la UTE en la que estaba presente OHL. Sin embargo, tras algunas informaciones periodísticas, el concurso se paralizó y se inició de nuevo su adjudicación. Tras ello, recordó cómo Matas llegó a decirle que la obra no se adjudicaba a Dragados podrían tener “un problema político”.