Las unidades móviles de la Policía Municipal de Madrid se encuentran bajo mínimos debido a las importantes reducciones realizadas por el ayuntamiento en el numero de vehículos del cuerpo policial y al mal cálculo de las planificaciones.
Esto se debe a que a mediados de septiembre el gobierno municipal de Madrid liderado por Manuela Carmena decidió no renovar el contrato con la empresa de renting con la que el anterior Ejecutivo del PP firmó un contrato de arrendamiento de una parte de los vehículos policiales.
Contrato desproporcionado
El nuevo equipo cuestionó entonces “la idoneidad” del contrato al considerar que no se ajustaba “a las necesidades reales de este servicio” ni se adecuaba a “una gestión eficiente de los recursos públicos”.
Si se hubiera dado luz verde al contrato, la Policía Municipal contaría con 1.300 vehículos, cuando el número máximo de agentes operativos por turno se sitúa alrededor de los 1.000 policías, aseguran fuentes municipales.
Ausencia de contrato
El problema, sin embargo, ha reaparecido porque cuando el consistorio decidió acabar con la adjudicación por los precios del contrato no contempló la fecha efectiva en que los nuevos vehículos estarían a disposición de la Guardia Urbana.
El ayuntamiento compró de forma urgente 115 vehículos para compensar la devolución de las 132 unidades --de un total de 135 vehículos alquilados con la empresa de renting--, pero estos no serán entregados hasta el 15 de diciembre. Es decir, que Madrid permanecerá durante tres meses con 132 coches patrullas menos.
Algunos distritos, como Carabanchel, Puente de Vallecas y Arganzuela, son los más perjudicados por esta situación temporal. Los tres distritos no suman más de 16 unidades de patrulla.