Lo que debía servir para ordenar un sector y una actividad, la mediación privada, está derivando justo lo contrario. La creación por parte de la Generalitat de un registro de mediadores privados, al que se puede acceder tras superar un curso de 230 horas, ha generado abusos comerciales y confusiones, hasta incluso en los juzgados.
Los mediadores privados --una figura que puede terciar, por ejemplo, entre un matrimonio en trance de divorcio-- pueden alcanzar tal condición tras pasar una sencilla acreditación e inscribirse en el registro oficial del Gobierno autonómico catalán.
Sin cualificación ni titulación
En la práctica, ante juzgados, colegios y otras situaciones, se presentan como una figura oficial, una especie de funcionarios de la Generalitat. Psicólogos, pedagogos y otras profesiones que intervienen en cuestiones de mediación han puesto el grito en el cielo. “Con escasas capacidades, en algunos ámbitos pasan por ser los mejores profesionales para desatascar un asunto o proponer una solución. Sin embargo, ni tienen la cualificación ni pueden compararse con los licenciados y titulados que acreditan sus estudios y cierta experiencia”, explica uno de los afectados.
Los peritos son uno de los colectivos más afectados por esta especie de intrusismo profesional. Los mediadores “usurpan” una parte de las competencias tradicionales de otros colectivos gracias a esgrimir la “supuesta oficialidad” de su condición, aunque según fuentes administrativas no se trate más que de la pertenencia a un registro de mediadores sin más validez que el acuerdo entre las partes.