El PP sigue adelante con su proyecto de reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC), para que este pueda sancionar a quien incumple sus decisiones, y este jueves la ha aprobado en solitario en el Congreso. Una reforma que rechaza prácticamente toda la oposición, y que se ha interpretado mayoritariamente como hecha a medida para responder a un eventual incumplimiento de la Generalitat con la inhabilitación del presidente autonómico, Artur Mas.

El proyecto de ley se ha aprobado en el pleno del Congreso con los únicos votos a favor de los diputados del PP y de su habitual socio e UPN. El texto aprobado no incorpora ninguna de las enmiendas de la oposición, que ha censurado el proyecto por considerarlo "innecesario" e "inconstitucional".

La proposición de ley, presentada al inicio del actual periodo de sesiones por el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol -en un gesto que la oposición criticó por electoralista-, se ha tramitado de la forma más acelerada posible: por el procedimiento de urgencia, que acorta a la mitad los plazos del trámite parlamentario, y en lectura única, obviando los pasos de la ponencia y la comisión parlamentarias.

Vía de urgencia por el 20D

El objetivo del Gobierno y del PP es que la reforma pueda entrar en vigor antes de que se disuelvan las Cortes para las elecciones generales anunciadas para el 20D. De esta forma, además, se podría aplicar la nueva capacidad sancionadora del TC contra cualquier incumplimiento de Mas, dentro de su proyecto independentista.

Una vez aprobada en el Congreso, el proyecto de ley se envía ahora al Senado. Donde la mayoría absoluta del PP lo aprobará definitivamente sin cambio alguno, según se prevé.

La reforma aprobada este jueves por la Cámara Baja detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC. El PP ha argumentado que ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a Mas y a la consulta independentista de 2014.

Opción de inhabilitar

El texto de la reforma faculta al TC a imponer multas de 3.000 a 30.000 euros a quienes incumplan sus resoluciones, e incluso a suspenderlos de sus funciones, en el caso de autoridades o empleados públicos.

Además, el TC se podrá pedir al Gobierno central -incluso si está en funciones, fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre-, que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Además, y este ha sido uno de los puntos más controvertidos de la reforma, el TC podrá ejecutar las sentencias sin oír a las partes en los casos "de especial trascendencia constitucional".