El caso BPA ha pasado factura al Gobierno de Andorra. Concretamente, le ha obligado a desembolsar 12,9 millones de euros hasta la fecha para tomar el control de la entidad que era propiedad de la familia Cierco tras un polémico informe del organismo del Tesoro estadounidense que lucha contra el fraude fiscal, el Fincen, recurrido por parte de los accionistas mayoritarios de la entidad del Principado. El Ejecutivo ha destinado casi el 5% del total de los gastos anuales para el funcionamiento de la Administración estatal con respecto a este caso.

El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, manifestó esta semana en la sesión de control al Gobierno que el principal gasto es el de la minuta de los auditores de PwC. El despacho internacional se ha embolsado buena parte de los 10,95 millones que debe pagar el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF). Sólo ha abonado, por el momento, 2,06 millones.

Asesores para la ‘ley BPA’

En esta factura también se incluye el dispendio en contratar a una “importante firma jurídica española”, cuyo nombre no ha sido revelado, que asesoró al Ejecutivo en el desarrollo de la ley BPA, la norma hecha a medida para asumir el control del banco.

El responsable de la economía del principado no detalló si PwC sólo ha emitido una factura con el gasto global del proceso auditor iniciado en marzo o si, a parte, el INAF o el propio Gobierno tuvo que asumir el gasto de mantener el centenar de profesionales que se desplazaron al país para buscar entre los activos dañados de la entidad.

Conclusión de la macroauditoría

Seis meses después de iniciar el proceso, aún no han detectado ningún activo tóxico o con un origen ilícito como apuntó en su momento el Fincen. Además, fuentes del Principado señalan que el despacho internacional ha comunicado al Gobierno de Martí que este fin de semana será el último que trabajarán allí.

La conclusión de la macroadutoría debería ir acompañada de la presentación de los resultados, aunque nadie en Andorra da por sentado que el informe se dé a conocer. El primer borrador debía salir a la luz antes del verano, pero nunca se llegó a presentar. Según los críticos con el Gobierno del Principado, ni Martí ni Cinca están interesados en publicitar una auditoría que no ha detectado ninguna actividad suficientemente comprometida como para justificar la toma de control de BPA y su venta a un tercero ni otra de las consecuencias de este proceso, el concurso de su principal participada, Banco Madrid.

Factura del Gobierno y la AREB

El Gobierno tiene una factura de 1,2 millones por la intervención del banco de la que ya ha pagado 1,18 millones. Los 735.900 euros restantes corresponden al gasto de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB). El organismo sólo ha pagado 110.079 euros, según los datos facilitados por Cinca.

Andorra gastó 259,86 millones en 2014, el último liquidado, en los gastos de funcionamiento de toda la Administración. Los ingresos superaron por poco los 371 millones, a los que se deben restar los gastos financieros y los ingresos de capitales.

Reducción del superávit

Según los datos del ministerio de Finanzas, el déficit de caja del año pasado del Ejecutivo alcanzó los 5,3 millones. Martí compensó esta desviación mínima gracias a la variación de activos y pasivos financieros, que le propiciaron unos ingresos extraordinarios de 32,1 millones.

De esta forma, el Gobierno del Principado liquidó el ejercicio 2014 con un superávit de 26,7 millones. Si se le resta el impacto reconocido por el caso BPA, la liquidez extraordinaria del Ejecutivo se vería reducida a 13,8 millones.