El Círculo de Economía es desde sus orígenes una institución de la sociedad civil que ha dejado acreditada su vocación europeísta y democrática. Incluso en momentos de restricción de libertades, sus integrantes han abogado siempre por situar Cataluña en un contexto de modernidad y cosmopolitismo.

Desde esa legitimidad, la entidad que preside el economista Antón Costas ha presentado hoy un documento en el que se opone, de manera frontal, a una declaración unilateral de independencia sea cual sea el resultado electoral del próximo 27S. 

Unas elecciones excepcionales

En un documento de cuatro puntos que ha sido debatido por la junta directiva del organismo (con representación de todas las tendencias políticas), el Círculo empieza por reconocer el carácter excepcional de la convocatoria y por manifestar que no toma partido en la contienda.

Lo que sí pretende es opinar sobre los caminos a tomar para modificar el marco institucional, dando así respuesta a las “aspiraciones de cambio que hay en el seno de la sociedad”.  Primero, respeto al modelo de sociedad plural, democracia liberal y una economía de mercado “integrada en Europa”.

No hay mayorías para cambios estructurales

El Círculo considera, en primer lugar, que nada se puede hacer sin el “acuerdo y la reforma como método para el progreso político”. Por eso subraya que si las fuerzas que defienden la independencia de Cataluña tienen una mayoría absoluta, “gobernarán legítimamente y habrán acumulado fuerza política en defensa de su opción”.

Ese ejercicio debe ser compatible con el respeto a la pluralidad social y a las reglas del Estado de Derecho. “En este sentido --precisa--, una cosa es salir reforzado de unas elecciones y otra muy distinta dar pasos que no respeten esos principios”. Eso quiere decir que un cambio “estructural” requiere una una mayoría cualificada que en ningún caso puede desprenderse de unas elecciones como éstas, “sino de la legitimidad de una consulta legal, acordada y bien informada”.

Preocupación por la relación con Europa

El lobby empresarial catalán recuerda que en anteriores ocasiones ya había manifestado su oposición a cualquier decisión unilateral que ponga en peligro la leglaidad vigente y la pertenencia a la Unión Europea y al euro. Por ese motivo, “vemos con preocupación las consecuencias que podrían tener para la economía, las finanzas, las inversiones y la presencia de sedes empresariales en Catalunya” decisiones de esas características

En segundo lugar, de la misma forma, dice, y con idéntica lógica, una victoria de quienes no defienden la independencia tampoco querría decir que la sociedad desea que las cosas sigan como están. “En Catalunya existe un deseo ampliamente mayoritario de mejora del autogobierno, de cambio del modelo de financiación y de reconocimiento político de su personalidad”.

Sin privilegios

La satisfacción de esos deseos no puede implicar “privilegios en perjuicio del resto de españoles”. Tras criticar la actitud inmovilista del Gobierno central, el Círculo está convencido de que el reconocimiento en el ordenamiento legal de esas aspiraciones de la sociedad catalana es posible.

Desde ese punto de vista, tanto el 27S como las elecciones generales de diciembre son una oportunidad para, a través del diálogo, hacerlo posible.

Una nueva oportunidad

A partir de ahí, y esa es la tercera consideración del documento dado a conocer hoy, ambas elecciones deben ser una “nueva ventana de oportunidad para “reconciliar el principio de legalidad del Estado de Derecho con el principio democrático”. El primero obliga a respetar las reglas y, en su caso, cambiarlas mediante los procedimientos establecidos. Pero, a la vez, el principio democrático, inscrito también en el frontispicio de la Constitución, lleva a los poderes públicos a encontrar los cauces legales adecuados para canalizar las aspiraciones de cambio existentes en la sociedad.

Finalmente, el Círculo de Economía considera que si en el 27S, “de forma clara”, las fuerzas independentistas se alzasen con una mayoría amplísima el “principio democrático de nuestra Constitución obligaría a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada que permitiese celebrar una consulta específica para conocer el sentir preciso de los ciudadanos respecto al encaje de Catalunya en España”.

Desde su punto de vista, el propio Tribunal Constitucional ya ha señalado que hay vías legales para introducir en nuestro ordenamiento una norma de claridad y de consulta de este estilo.