Societat Civil Catalana (SCC) ha elaborado un informeen el que denuncia la existencia de “graves déficits democráticos” en Cataluña a causa de la deriva secesionista de la Generalitat y de su presidente, Artur Mas.
El documento, que se ha presentado este jueves en Madrid, detalla minuciosamente a lo largo de un centenar de páginas todo tipo de actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por parte de la Administración autonómica que reflejan su falta de “lealtad” y “neutralidad” institucional, así como y la utilización de “los recursos y autoridad públicos” para fines ilegales y para “la destrucción del marco institucional del que deriva su misma condición de poder público”.
"Protoadministración de un Estado catalán"
El informe señala que el Govern “ha dejado de actuar en su condición de autoridad e institución española” para pasar a hacerlo como “protoadministración de un Estado catalán desvinculada del ordenamiento español”.
Esto ha generado falta de “seguridad jurídica” entre los funcionarios y los ciudadanos –como ocurrió durante la consulta del 9N--, ha implicado la “instrumentalización” de las instituciones, que han adoptado una “opción partidista” --llegando a ocuparse el espacio público por “simbología partidista”, como las esteladas--, y ha supuesto “la discriminación de los ciudadanos y grupos que no comparten los planteamientos separatistas”.
"Estructuras de Estado" y "desobediencia"
SCC analiza los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que marcan la hoja de ruta para “la desvinculación del Gobierno de la Generalitat respecto al ordenamiento español” --“sin ningún rubor”--.
Para ello, plantea crear “estructuras de Estado” y promueve de forma explícita “la desobediencia” a la legalidad vigente, como ocurrió con la organización del 9N o con el planteamiento plebiscitario de 27S.
"Fraude institucional"
El informe considera especialmente grave que un organismo de la Generalitat, como el CATN, se dedique a “asesora sobre la forma en que puede crearse un nuevo Estado sobre el territorio de Cataluña”.
Los planes del CATN soprepasan con creces “los límites de las competencia” del Gobierno autonómico y suponen un “fraude institucional”.
AMI, propaganda, esteladas, inmersión
Otros “déficits democráticos” recogidos por el documento son la utilización del Palau de la Generalitat y otros edificios públicos para organizar y confeccionar la coalición independentista de Junts pel Sí de cara al 27S; la adhesión de centenares de ayuntamientos a la Associació de Municipis per la Independència (AMI); los juramentos de innumerables concejales comprometiéndose a proclamar la secesión desde los consistorios; “la abrumadora presencia de esteladas en edificios oficiales y espacios públicos, combinada con la retirada y el desprecio más absoluto a la bandera española”; la intensa y permanente campaña de propaganda independentista realizada desde los medios de comunicación de la Generalitat (con la ayuda del CAC) y desde los medios privados ampliamente subvencionados; las campañas de publicidad institucional partidistas realizadas por el Govern; el mantenimiento de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán –en contra de lo que dictan los tribunales--; y la “demonización” de aquellos que discrepan del independentismo.
SCC concluye denunciando de forma especial “la profunda falta de respeto a la diversidad interior de Cataluña”, lo que “contribuye a explicar la espiral del silencio existente” en esta Comunidad.