CCOO de Cataluña no participará en la manifestación independentista del 11S por considerar que está "inscrita en una campaña electoral" pero da libertad a sus militantes para que asistan a ella a título individual.
Así lo ha anunciado este lunes el secretario general del sindicato, Joan Carles Gallego, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado un manifiesto en relación a la Diada que lleva por título 'Por una Cataluña social'.
"Cataluña es una nación y tiene derecho a decidir"
El documento defiende que "Cataluña es una nación y tiene derecho a decidir su propio futuro y la forma de relación que quiere tener con el Estado español", y que CCOO expresa su "firme voluntad de seguir reivindicando y luchando para hacer avanzar los derechos nacionales y sociales de Cataluña".
Pero advierte de que "la defensa de los derechos sociales y de los derechos nacionales es inseparable" porque "no puede haber progreso nacional sin progreso social".
Por ello, de cara al 11S, hace "un llamamiento a nuestros afiliados a expresar, en los actos y movilizaciones, la profunda aspiración de construir un país más justo donde vivir y trabajar con derechos. Y poderlo decidir con plena libertad".
Recortes, desigualdades y exclusión social
El sindicato es especialmente crítico con el "triste panorama social donde los continuados recortes debilitan la cohesión social", y apela a luchar contra el "enorme incremento de las desigualdades".
"Hay más de 700.000 perosnas en paro, la mayoría de larga duración, y una cuarta parte de la población catalana se encuentra en riesgo de pobrea o exclusión social", añaden, y critican las privatizaciones llevadas a cabo en diferentes sectores, así como las prácticas corruptas.
"Los problemas sociales son tan graves, y la necesidad de abordarlos, tan urgente, que no se pueden subordinar a ningún otro objetivo", insisten.
Déficit fiscal, derechos nacionales e inmersión
Sin embargo, acto seguido, también asumen las líneas generales del discurso del nacionalismo catalán:
"Los ataques al autogobierno vía invasión competencial, el déficit fiscal y el no reconocimiento de los derechos nacionales y lingüísticos del país enmarcan un conflicto político que solo se puede abordar por la vía de la negociación y la democracia".
Y concluye: "El conocimieno de la lengua catalana se ha de entender como un derecho de ciudadanía y se ha de promover su uso en todos los ámbitos. La nueva realidad social refuerza esta necesidad, por lo que hay que rechazar los ataques contra la lengua y el modelo de escuela catalana, que buscan romper la convivencia".