Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aseguró que la operación tutelada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda y la Guardia Civil contra la supuesta trama de financiación irregular del partido, el caso Petrum II, es un movimiento “político” de “alguien” contra “la campaña electoral”, en palabras del coordinador general del partido, Josep Rull. “Nuestro compromiso con el estado propio es granítico”, remarcó.
En una rueda de prensa convocada de urgencia tras el inicio de los registros a primera hora de la mañana, avanzados por Crónica Global, la formación denunció que el principal interés del operativo policial era que saliera en los medios. “Existe una carga política que en un estado avanzado no es aceptable”, manifestó el portavoz de CDC.
Acciones contra el operativo
Rull exigió a la justicia que dejara claro “cuál es el verdadero objetivo” del operativo y amenazó con abrir una nueva causa contra lo que CDC considera que es una “vulneración de unos principios y derechos que son básicos”. “No es la primera ocasión que ocurre, ni a nosotros ni a otras organizaciones”, añadió.
El coordinador general de CDC afirmó que las cuentas de su fundación, CatDem (registrada por segunda vez en la historia), están presentadas y fiscalizadas en el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas y el registro de fundaciones de Cataluña. “Todo es claro, limpio y transparente”. Incluso las aportaciones de la familia Sumarroca, el origen de la operación Petrum II, según su relato.
Aportaciones de los Sumarroca a CatDem
La justicia decidió intervenir la sede de CatDem, el domicilio particular del ex tesorero de CDC Daniel Osácar y cuatro ayuntamientos catalanes por la documentación incautada en Teyco el pasado julio y que acabó con su presidente, Jordi Sumarroca, en prisión.
Rull manifestó que la familia Sumarroca, muy vinculada al partido, aportó 357.720 euros a CatDem en varios ejercicios y vehiculadas a través de dos empresas distintas. Teyco donó 150.000 euros en tres años (2007, 2008 y 2009), cifra que corresponde al 1,7% del total de los donativos a la fundación; y a la constructora Bluegreen Village, presidida por Jordi Sumarroca, inyectó 207.720 euros (2,4% de la financiación) en 2012, 2013 y 2014.
Sede sin documentación administrativa
“Es conocido, lo tienen todos los órganos supervisores y todas las donaciones son claras, limpias, transparentes y declaradas”, insistió. “Negamos categóricamente que el partido se haya beneficiado de financiación irregular”.
El ex director de CatDem, Agustí Colomines, declaró antes de la rueda de prensa que será imposible que la Guardia Civil encuentre información que justifique la presunta financiación ilícita del partido en la sede de la fundación. "Entre otras cosas, porque allí no hay documentación administrativa", sentenció.