El Gobierno de la Generalitat sigue confiando en la compañía ferroviaria Renfe para que opere en aquellas vías económicamente no rentables de la comunidad catalana, pese a que la competencia sobre el servicio fue transferida a la Generalitat en 2009.
Según el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el grupo ferroviario estatal recibirá en 2016 del Estado una subvención de 605 millones para garantizar el transporte en Cercanías, Media Distancia (regionales) convencional, Avant y de vía estrecha.
De esta suma, 110,2 millones son los que presta la Generalitat para compensar a la compañía por el servicio público en vías deficitarias del territorio catalán. Una cifra considerable --un 15% del presupuesto total-- si se tiene en cuenta las constantes quejas originadas en relación con la calidad del servicio.
Cataluña elige el operador
Desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat sostienen que ahora tienen un compromiso contractual con Renfe, lo cual significa que no pueden prescindir de sus servicios: "De momento hay un contrato en vigor con Renfe".
No obstante, admiten que la potestad para cambiar de operador está en sus manos una vez finalice el contrato: "En principio, la Generalitat tiene la competencia para cambiar de operador, porque somos titulares del servicio".
Gestión del servicio VS infraestructura
El control sobre el servicio ferroviario ha derivado, en ocasiones, en una suerte de pugna entre Cataluña y el Estado respecto a la eficiencia y sobre la responsabilidad final del mismo. La Generalitat ha denunciado el incumplimiento en cuanto a los servicios prestados por parte de Renfe.
Asimismo, cabe diferenciar entre la infraestructura y el servicio de las líneas. La infraestructura --las vías por donde circulan los trenes, y las estaciones-- es de titularidad estatal, concretamente de la empresa pública ADIF. El servicio, por su parte, correspondiente a la circulación de trenes, horarios, frecuencias, vehiculos y la gestión diaria, es de competencia autonómica.
El contrato entre la Administración autonómica y la ferroviaria estatal vence este 2015. Está por ver si se renovará o si, en cambio, la Generalitat optará por nuevos operadores.