El pasado 7 de agosto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras reunirse con el Rey en Marivent, abrió la puerta a apoyar -o incluso promover- una reforma constitucional durante la próxima legislatura. Era la primera vez que se posicionaba de esa forma con tanta claridad.

Desde entonces, la reforma de la Carta Magna se ha convertido en el tema estrella de la precampaña de las autonómicas del 27S, sobre todo entre los partidos no nacionalistas, que empiezan a utilizarlo como una baza electoral.

Las últimas horas han sido especialmente prolíficas en cuanto a declaraciones sobre esta cuestión. Sin embargo, de las posiciones de los diferentes partidos se concluye que estamos tan lejos como antes del anuncio de Rajoy de alcanzar un acuerdo para cambiar la ley fundamental española, al menos en lo relativo al modelo territorial, la verdadera 'patata caliente'.

El PP y el PSOE, tan alejados como siempre

Tras muchos meses pidiéndole a Rajoy que se sentara a negociar una reforma constitucional, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mostró el martes su incredulidad ante el planteamiento del dirigente popular, y se arrogó la legitimidad para liderar dicha reforma. “El tiempo de Rajoy se ha agotado y seremos otros, los socialistas frente al Gobierno, los que iniciemos esa reforma constitucional”, señaló.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, le respondía exigiéndole “una posición constructiva” y “sentido de Estado”, en vez de “arrinconarse hacia la izquierda y hacia Podemos”.

Este cruce de declaraciones demuestra que la supuesta reforma constitucional todavía está muy verde, y que los períodos preelectorales no son los más propicios para alcanzar acuerdos sólidos entre partidos que aspiran a gobernar -como demuestra el insólito espectáculo que casi a diario ofrecen en Cataluña los socios de la coalición independentista Junts pel Sí-.

Los nacionalistas, contrarios a una reforma

Por otra parte, las formaciones nacionalistas e independentistas tampoco se muestran muy partidarias de una reforma constitucional viable, pese a que a priori podrían parecer las más interesadas. El sábado pasado, la número tres de Unió advirtió de que con un cambio de la Carta Magna los intereses de los nacionalistas podrían “salir perdiendo” pues se podrían “limitar” las competencias autonómicas. Por ello, tildó el debate de “inútil” y con “poco futuro”.

El lunes, el consejero de la Presidencia de la Generalitat y dirigente de CDC, Francesc Homs, hacía un planteamiento difícilmente aceptable por el Gobierno -por este y por cualquiera-: su partido no aceptará ninguna reforma constitucional que no incluya el derecho a la secesión unilateral de Cataluña.

El martes, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, concretó una propuesta, consistente en introducir “una disposición adicional que reconozca la especificidad de la identidad de Cataluña”. Pero 24 horas después, uno de los líderes de los disidentes escindidos del partido democristiano, Antoni Castellà, respondió al propio Duran acusándole de querer tratar a Cataluña “como a un reserva india”.

Rajoy frena las expectativas

A todas estas propuestas se suma la de Podemos, que, al igual que CDC, pasa por incluir la posibilidad de una secesión unilateral, aunque se posicionan en contra de ella.

Visto lo visto, Rajoy ha tratado de dar un paso atrás para frenar las “especulaciones” y ha advertido este miércoles de que, en ningún caso, su partido aceptará poner en juego la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad, la libertad y la solidaridad interterritorial (un planteamiento que avala las encuestas del CIS).

Sin embargo, y a pesar de que las diferentes posturas parecen irreconciliables, todo apunta que el debate de la reforma constitucional ha llegado para quedarse. Aunque sea en clave electoralista.