El caso Palau, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en Cataluña en los últimos años, llega finalmente a juicio. El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha dictado la apertura de juicio oral, seis años después de que estallara el caso con los primeros registros en el Palau de la Música.
En un auto divulgado este viernes, el magistrado José Julián García de Eulate envía a juicio como "responsables criminal y civilmente" a los autores confesos del saqueo del Palau, el ex presidente de la fundación Orfeó Català – Palau de la Música, y su mano derecha, Jordi Montull, junto a una quincena de otros diputados. Entre ellos destacan la hija de Montull, Gemma Montull, la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, el exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar.
Convergència debe responder por las presuntas comisiones
CDC no está implicada en el caso solo por Osàcar. El partido, como tal, será juzgado igualmente en calidad de "responsable civil como partícipe a título lucrativo". La acusación cree que CDC se benefició de comisiones ilegales millonarias de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de la Generalitat. Estas 'mordidas' se habrían camuflado como donaciones de patrocinio a través del Palau, con la connivencia de Millet y Montull, y como como convenios de colaboración con la Fundació Trias Fargas (actual CatDem).
También deberán responder como partícipes a título lucrativo del saqueo del Palau la esposa de Millet, Marta Vallès, las hijas de ambos Clara y Laia Millet, y la esposa de Montull, Mercedes Mir.
En el auto que cerró la instrucción del caso, el juez consideró que entre 2003 y 2009 Millet y Montull llevaron a cabo "un verdadero expolio de los fondos" del Palau de la Música: tanto apoderándose directamente de fondos, abonando gastos particulares con ello o destinándolos a pagos a terceros. En esas fechas los acusados hicieron desaparecer cerca de 18 millones de euros de las arcas del Palau de la Música, según el auto. De esa cantidad, Millet se habría quedado supuestamente 7 millones y Montull 1,3 millones, mientras que "se desconoce el destino de los restantes 9,6 millones".