El equipo municipal del ex alcalde Xavier Trias aprobó a finales de 2013 --con los votos del PP-- una ordenanza municipal sobre terrazas que ahora, dos años más tarde, ha originado un conflicto entre el consistorio, bares y restaurantes y las asociaciones de vecinos de la capital catalana.

La polémica ha tardado en estallar porque la normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, nunca se llegó a aplicar con rigor. Careció, en la práctica, de efectos legales. En su momento, las reclamaciones fueron discretas, y promovidas principalmente por el sector de la restauración, que se limitó a criticar que no fueron consultados durante la elaboración de la norma.

Hasta el pasado mayo, sin embargo, --el mes de las elecciones municipales-- el ayuntamiento no informó a los más de 2.200 restauradores de la obligación de adaptar sus terrazas a los cambios. El Ejecutivo municipal comunicó dichos cambios a través de cartas y, el conflicto se desató con el gobierno entrante de Ada Colau.

La ley se debe cumplir

El gobierno municipal de Colau es consciente que la problemática está ahora en sus manos, pero atribuyen las causas del conflicto a ley “unificadora” de CiU y PP, que no tuvo en cuenta “las diferencias territoriales” de la ciudad. Y es que la normativa solo contempla algunas excepciones, llamadas “ordenaciones singulares”. El Paseo de Gracia y zonas emblemáticas de la ciudad son parte de estas ordenaciones singulares.

Por el momento, el ayuntamiento ha puesto en marcha una comisión técnica en la que participaron responsables del area de paisaje urbano, el gremio de restauración y las asociaciones de vecinos. Estos dos últimos colectivos difieren en sus posturas y será reponsabilidad del consistorio lidiar con ambos.

Desde el nuevo Ejecutivo alegan que la nueva ley ya está aprobada y que, por lo tanto, se debe cumplir, pero se comprometen a revisarla tras el periodo vacacional. Una demora que no apacigua las críticas, ya que en verano es cuando se instala más mobiliario en las terrazas.

Además, está prevista una moratoria de la ordenanza a partir de enero de 2016 en lo que se refiere a la ubicación de las terrazas, no de sus dimensiones.

Ante este escenario, todo indica a que la polémica tiene largo recorrido, con o sin Trias.

¿Parches o soluciones?

El gremio de restauración arguye que la normativa “afecta” a sus negocios y ya advierte de que el artículo sobre la ubicación que entrará en vigor en 2016 será perjudicial para sus intereses.

El artículo en cuestión afectará al despliegue de las terrazas, obligando a no superar la anchura de la fachada del local. Vicent Llorca, responsable de prensa del gremio, sostiene que “no tiene ningún sentido” que un local que no tiene ningún comercio ni edificio de viviendas al lado no pueda disponer del espacio.

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), por su parte, justifica la medida del consistorio afirmando que “el espacio público tiene una función pública”. A su juicio, los dueños de los locales priorizan la actividad privada y los “argumentos económicos”.

Donde sí coinciden ambos colectivos es en que la revisión del nuevo ejecutivo puede tener poco impacto a la hora de solucionar el problema. Los restauradores consideran que repercutirá negativamente en su actividad, y la FAVB duda de que los restauradores cumplan con la ordenanza.

Ciutat Vella y Eixample, ejemplos del conflicto

Dos de los distritos donde la ordenanza está generando más controversia son Ciutat Vella y l’Eixample, en el centro de la ciudad.

La presidenta de la Associació de Veïns de Ciutat Vella, Sol Ruiz, pone el ejemplo de la calle Carders, una vía que se caracteriza por tener tramos con arcadas. Según Ruiz, los locales ocupan dichos espacios con más mobiliario de lo permitido y afecta a la circulación de los vecinos, que no pueden pasear tranquilamente con la distancia que marca la ordenanza.

En el caso opuesto, la gelatería Sirvent es uno de los locales que se ha visto más perjudicado por la ordenanza. Llorca explica que en algunos casos los negocios no tienen espacio para almacenar su mobiliario una vez se han visto obligados a retirar todas las instalaciones de la vía pública.

La pelota está en el tejado del ayuntamiento que deberá garantizar que la ley se aplique y, al mismo tiempo, contemplar los casos concretos. La herencia de CiU la tendrá que gestionar la nueva alcaldesa.