La AN ve "rotundos" indicios de delito en el 'caso Pretoria'

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el sobreseimiento de la causa contra los acusados por la presunta trama de corrupción que investiga el caso Pretoria. El tribunal deniega archivar la causa contra el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, el exdiputado del PSC Luis Garcia, Luigi; los excargos de la Generalitat durante el pujolismo Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, así como otros contra seis imputados. La AN considera que hay indicios "rotundos" de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En estos autos, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional deniega los recursos presentados por las defensas de los acusados, y considera que deben continuar las actuaciones penales con los trámites establecidos por el procedimiento abreviado

Sobre Bartomeu Muñoz, acusado de dos presuntos delitos de cohecho, el tribunal considera que su recurso no puede prosperar porque existen "nítidos indicios de participación delictiva" y una constancia indiciaria del despliegue de una conducta posiblemente constitutiva de un delito de cohecho, según el auto.

Hasta 1,7 millones para Muñoz, y 5,8 para 'Luigi'

El auto asegura que existen "datos contrastados" de que Muñoz "pudo recibir hasta 1,7 millones de euros en concepto de comisión por su esencial e irregular intervención en la operación urbanística denominada 'Operación Pallaresa', así como otros 6.480 euros de la empresa Limasa".

Respecto al presunto cerebro de la trama, Luis García, el auto señala que en la instrucción se han apreciado "indicios racionales de criminalidad" que emanan de las intervenciones telefónicas, la documentación incautada, los informes periciales y las testificales.

El auto añade que, "de todas estas fuentes se extrae la indiciaria participación del recurrente en los delitos que se le atribuyen": tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al constar acreditado indiciariamente que este obtuvo ganancias procedentes de actividades presuntamente delictivas en operaciones urbanísticas, que ascendieron a 5,8 millones.