La Fiscalía acusa a CDC de un "pacto criminal estable" con Ferrovial para "financiarse ilegalmente"

La Fiscalía Anticorrupción considera que CDC se financió "ilegalmente" a través del Palau de la Música. No solo eso, sino que afirma que estableció un "pacto criminal estable" con la constructora Ferrovial, que pagaba comisiones irregulares al partido a través del Palau a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Esto es lo que afirma el nuevo escrito de acusación del caso Palau. La acusación ha sido presentada de nuevo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que investiga el saqueo confeso de la institución por sus antiguos dirigentes Fèliz Millet y Jordi Montull, así como la presunta financiación irregular de CDC a través del propio Palau, en connivencia con estos. El juez del caso también vio comisiones ilegales a CDC en el auto con que cerró la instrucción por segunda vez. Tanto el auto de final de instrucción como la acusación se han tenido que presentar por segunda vez, después de que se hubiesen de resolver numerosos recursos antes de que la causa llegue a juicio.

En su escrito, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ve una "trama delictiva" que "vincula la financiación ilegal" de CDC con "la adjudicación de obra pública a Ferrovial por parte de organismos públicos regidos por dicha formación política". La Fiscalía considera que Ferrovial "efectuó cuantiosos pagos" al partido de Artur Mas "como forma de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones", dentro de una "trama criminal estable".
Las comiciones ilícita para CDC eran por regla general de un 4% del importe de las adjudicaciones, del que un 2,5% se asignaba a CDC y un 1,5% al entonces presidente del Palau, Fèlix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, según el fiscal.

De 2000 a 2008

Este "pacto criminal estable" presuntamente estuvo vigente al menos desde 2000 hasta 2008. Según cree el Fiscal, por parte de CDC participaron en la trama "como mínimo" el que fue tesorero del partido, Carles Torrent -fallecido en 2005- y el diputado Jaume Camps. La Fiscalía no acusa a este último, porque la Audiencia de Barcelona declaró que su caso estaba prescrito. Sí pide en cambio que declare como testigo.

Posteriormente, según el fiscal, el presunto sistema de cobro de comisiones fue perfeccionado por el siguiente tesorero de CDC, Daniel Osàcar, para quien el fiscal pide siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Por Ferrovial, la Fiscalía acusa al ex director territorial en Cataluña Pedro Buenaventura y al director de Relaciones Institucionales Juan Elizaga. El fiscal cree que ambos, "sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados" de Ferrovial, y "siempre sin conocimiento del cuerpo de accionistas", dispusieron "todo lo necesario" para que "cuantiosos fondos de Ferrovial" se aplicaran a la "financiación ilícita de CDC". Las comisiones a CDC se habrían camuflado "como parte de la relación de patrocinio del Palau por parte de Ferrovial, cuando la realidad es que el patrocinio real lo era por cifras mucho menores".

Millet puso el "disimulo"

La Fiscalía también cree que Millet, "con el auxilio imprescindible de su factótum, el acusado Montull", facilitó el contacto entre los imputados de Ferrovial y de CDC. Además, Millet "medió en el cálculo de las ilícitas comisiones a satisfacer y proporcionó el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas, prestando a tal fin la estructura jurídica y financiera del Palau de la Música", según el escrito de acusación.

El fiscal considera que la supuesta trama delictiva se dedicó a "enmascarar la verdadera causa y finalidad de los flujos financieros y conseguir así que los fondos satisfechos por Ferrovial llegaran a la formación CDC de forma opaca para su disfrute por el partido".

Los encargados de recibir el dinero para CDC eran los tesoreros. Pero altos responsables del partido, que no han podido ser determinados, se habrían unido para presionar a los cargos públicos afines para garantizar las adjudicaciones a Ferrovial, según el fiscal.